A indagatoria excongresistas Sandra Villadiego y Raimundo Méndez por tráfico de influencias
Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2018 y se relacionan con la financiación de proyectos civiles en Galeras (Sucre).
Los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia vincularon formalmente a investigación y citó a responder en indagatoria a la exsenadora Sandra Elena Villadiego Villadiego y al expresentante a la Cámara, Raymundo Elías Méndez Bechara, por su presunta responsabilidad en graves irregularidades en materia de contratación.
En atención a los hechos investigados, la Corte Suprema de Justicia aseguró que hay suficientes elementos de prueba para vincular a estos dos excongresistas por su presunta autoría en los delitos de tráfico de influencias y cohecho propio.
Según las investigaciones, en este caso Villadiego Villadiego y Méndez Bechara supuestamente habrían influido ante el Gobierno Nacional con el fin de que se destinarán partidas presupuestales que les habían sido asignadas bajo la figura de los denominados cupos indicativos, para la financiación de proyectos civiles en el municipio de Galeras (Sucre).
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De acuerdo con las indagaciones de los magistrados, los dos excongresistas habrían ejecutado toda esta gestión a cambio de recibir una contraprestación económica ilícita.
También se determinó que dicha contraprestación económica irregular supuestamente fue concertada con el alcalde local del municipio de Galeras, por hechos que se desarrollaron entre los años 2016 y 2018.
Este proceso penal se origina tras una compulsa de copias que se remitió en su momento, dentro de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación contra varias personas no aforadas.
Esta decisión se suma a la de citar a indagatoria en un proceso similar con el mismo municipio de Galeras, al excongresista David Alejandro Barguil Assis.
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Los magistrados vincularon en este último caso al exprecandidato presidencial como posible autor de los delitos de tráfico de influencias, cohecho propio, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, además de ser el presunto determinador de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
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