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Plinio Olano, con muerte política declarada por el Consejo de Estado
Plinio Olano, con muerte política declarada por el Consejo de Estado
Colprensa

El juicio contra el exsenador Plinio Olano por el escándalo de sobornos de la multinacional Odebrecht no ha terminado; continúa ante la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Uno de los testigos clave en el proceso y quien al parecer demostraría la inocencia de Olano en materia penal es Luis Enrique Rojas, quien en su momento fue el abogado del empresario Federico Gaviria.

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El abogado testificaría sobre las declaraciones de Gaviria, quien afirmó ser -supuestamente- la fórmula que encontró Odebrecht para pagarle a Olano una coima de 100 millones de pesos, hechos que Rojas ha desmentido.

Lo anterior quiere decir que Rojas desmentiría una vez más a Gaviria ante la Corte Suprema de Justicia.

La declaración también es clave por el preacuerdo que negó el fiscal ad hoc a Gaviria, pues Rojas fue su abogado durante muchos años y le ayudó a conseguir un principio de oportunidad por el carrusel de la contratación, gracias al cual no pagó ni un solo día de cárcel.

La Corte acusó a Olano de ser el presunto autor de los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho por, supuestamente, haber aprovechado su cargo en el Congreso para favorecer a la firma brasileña a cambio del pago de coimas.

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Según los testigos, lo que se acordó fue repartir el 4% del valor del contrato, que costó entre 900 mil millones y un billón de pesos.

Es decir, el 2% le habría correspondido al senador Bernardo Miguel ('el ñoño') Elias, el 1% al senador Plinio Olano y al exministro Miguel Peñalosa y, el restante, para Otto Bula.

La Corte además tiene pruebas de que supuestamente con ayuda del exsenador, la firma brasileña quería quedarse con el contrato de la vía Duitama – Charalá – San Gil a cambio del pago de un porcentaje sobre el costo total del contrato, que oscilaba entre $200 mil millones y $350 mil millones.

Olano también fue mencionado como uno de los integrantes del denominado grupo Bulldozer, el cual era integrado por congresistas que habrían recibido 2 millones de dólares por hacer lobby a Odebrecht a través de la reforma tributaria.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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