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Protesta a favor del aborto
AFP

En promedio por año son procesadas penalmente 400 mujeres por el delito de aborto, según cifras del Centro de Derechos Reproductivos que hace parte de la demanda que busca despenalizar totalmente el aborto a través del movimiento Causa Justa.

La directora regional del Centro, Catalina Martínez, explicó que la demanda busca eliminar el delito para no perseguir penalmente a las mujeres que por alguna razón buscan un aborto.

“Aunque la mayoría de los casos no terminan en cárcel, la mayoría si termina en condena y estas mujeres padecen una estigmatización por antecedentes penales lo que lleva a que sea difícil que puedan ser reintegradas en la sociedad y encontrar un trabajo”, dijo Martínez.

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La directora regional también dijo que la mayoría de las mujeres procesadas o condenadas por el delito,  son de bajos recursos.

“Ms del 80% son mujeres que viven en zonas rurales o mujeres de bajos recursos, entonces el delito de aborto también termina siendo discriminatorio porque quienes terminan siendo perseguidas y no acceder a los servicios seguros de salud son las mujeres que viven en las condiciones más vulnerables”, dijo.

La abogada explicó que para que una mujer pueda acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de forma segura,  debe presentar pruebas para demostrar que el aborto está por dentro de las tres causales permitidas desde 2006.

 “Un certificado médico de que efectivamente e embarazo esta poniendo en riesgo su vida o su salud; una denuncia que evidencie una violación sexual que en muchos casos no existe porque la mujer victima no denuncia: o un certificado o diagnostico medico que confirme la malformación fetal”, dijo.

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La abogada concluyó que esas pruebas “dejan la decisión intima de las mujeres en terceros y eso representa una barrera grande para acceder a la interrupción voluntaria".

Martínez dijo que la demanda para despenalizar el aborto busca “eliminar el delito para dejar de perseguir a las mujeres penalmente por tener que acceder a servicios de aborto y regular esos servicios”.

La Corte Constitucional reanudó las discusiones luego de aceptar el impedimento del magistrado Alejandro Linares para no participar en la votación.

Con la salida de Linares de la discusión, las votaciones sobre la despenalización total podrían quedar en empate y la Sala podría convocar a otro conjuez para desempatar nuevamente la votación. 

Los votos a favor de la despenalización serían de los magistrados Alberto Rojas, José Fernando Reyes, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo. 

Mientras que los magistrados que estarían en contra de la despenalización total y dejar las tres cáusales vigentes desde el 2006 serían Paola Meneses, Cristina Pardo, Jorge Enrique Ibáñez y Gloria Ortíz. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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