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La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador de Bolivar, Joaco Berrío, en el proceso que se le adelantó por los 12.500 mercados que se pudrieron y estaban destinados a los damnificados de la ola invernal del 2007 que golpeó la Costa Caribe.

La Corte, con ponencia de la magistrada Blanca Barreto, consideró que Berrio no incurrió en el delito de prevaricato por el cual fue acusado por la Fiscalía General de la Nación.  

La historia de los mercados inició en la administración de Libardo Simancas quien, mediante la expedición de un decreto de urgencia manifiesta, firmó los contratos para la compra de los mercados que se almacenaron en una bodega de la Secretaría de Salud departamental.

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Las ayudas se recibieron pero no se entregaron, se pudrieron y tuvieron que ser incineradas en cumplimiento de una orden judicial. Berrío, al llegar a la Gobernación decidió no continuar con los contratos para la entrega de la comida porque, al parecer, no cumplían con los requisitos legales.

Se comprobó que hubo irregularidades sobre los documentos que certificaban la entrega y el recibo de los mercados. “La coordinadora del programa de emergencias y desastres Betty del Carmen Mercado certificó que la mercancía se había recibido el 27 de diciembre del 2007, mientras que la jefe del almacén Lusnela Palis certificó que la había recibido el 30 y 32 de ese mes”, sostiene el fallo.  

“Se quiso adulterar la vedad porque las bodegas del sector de Manzanillo, segundos contratos de arrendamiento, denotaban que fueron tomadas en febrero de 2008 sólo por uno de los contratistas, desvirtuándose así que para diciembre la mercancía adquirida hubiera efectivamente ingresado”, manifestó la magistrada al leer el fallo a favor de Berrio. Ambas funcionarias resultaron condenadas por el delito de falsedad en documento público.

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La Corte advirtió que frente a esa irregularidad no podría culparse a Berrio que no entregó los mercados, “toda vez que no se puede dar por sentada la entrega de los bienes a la Gobernación porque no obra evidencia de ello”.

“Para la Sala, se pretendió salvaguardar el erario evitando que se tramitara un pago a la luz de unos contratos que no se habían ejecutado”, sostuvo la Corte.   

Así las cosas, se estableció que las bodegas donde se depositarían los mercados fueron tomadas en arrendamiento tan solo en febrero de 2008 y no en diciembre, como se quiso hacer ver, y a partir de ese momento empezaron a ingresar los medicamentos y las comidas que después se pudrieron.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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