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Con la acción popular se pretende que el mandatario suspendido regrese a su cargo mientras se surte el proceso en su contra.

Aníbal Gaviria
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La Sala de decisión constitucional del Tribunal Superior de Medellín admitió otra tutela interpuesta por un ciudadano contra el presidente, Iván Duque y el Fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, por la presunta violación al debido proceso en el caso del suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.  
 
En el documento legal se solicita,   “al Presidente de la República IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, al Fiscal General de la Nación FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO, a la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, a la Gobernación de Antioquia y al señor ANIBAL GAVIRIA CORREA que en el término de un (1) día se pronuncien sobre la acción para lo cual se les enviará copia de la misma y, en dicho término deberán allegar las pruebas que consideren necesarias para ejercer su derecho de defensa”.

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Sin embargo, la petición del accionante Diego Restrepo, según la cual se debía levantar la medida de detención domiciliaria, fue negada porque el magistrado Ricardo de la Pava consideró que no había argumentos suficientes  para sustentar la urgencia de la solicitud. 
 
Este miércoles, la sala penal del Tribunal Superior de Antioquia, también admitió una acción popular similar interpuesta por Néstor Alejandro Gallego en la que alegaba que con la suspensión y detención de Aníbal Gaviria, se estaba violando el derecho a elegir y ser elegido, ya que quienes votaron por él en las pasadas elecciones lo hicieron, según el tutelante, conociendo la investigación que estaba en curso, por la firma del contrato de la Troncal de la Paz. 

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Gallego Gaviria explicó que con que la tutela pretende demostrar que le fueron vulnerados sus derechos como elector y que espera que el Gobernador retorne a su cargo mientras se surte el proceso judicial.   

Precisamente, el mandatario Aníbal Gaviria está a la espera de la respuesta de la Corte Suprema de Justicia, a la solicitud de nulidad de la medida de aseguramiento de detención domiciliaria que fue notificada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, el pasado viernes 5 de junio.

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