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El Ministerio Público busca establecer la presunta compra de votos y fraude electoral en los comicios celebrados el 11 de marzo.

Aida Merlano
Aida Merlano
www.aidamerlano.com

La Procuraduría General  formuló pliego de cargos en contra contra de Aida Merlano por su presunta responsabilidad en la compra de votos y fraude electoral en su campaña al Senado para las elecciones que se celebraron el 11 de marzo.

Esa entidad reprochó que en su calidad de representante a la Cámara habría cometido el delito de corrupción al sufragante, ya que según las investigaciones entregó dinero con el propósito de conseguir a su favor votos para llegar al Senado de la República para el periodo 2018-2022.

Entre las pruebas que tiene la Procuraduría General, se destacan varios registros de las cédulas de ciudadanía encontradas en el inmueble en el marco de un allanamiento adelantado por el CTI de la Fiscalía General en la sede de campaña de Merlano el mismo día de las elecciones.

Los agentes encontraron además certificaciones electorales, listados de puestos de votación, recibos de caja menor, letras firmadas en blanco, armas de fuego, entre otros elementos.

La Procuraduría advirtió que la conducta por la que se investiga a la excongresista atenta contra los valores y principios democráticos y el derecho que tienen los ciudadanos a un voto libre.

“Los elegidos popularmente representan al pueblo. Deben actuar consultando a la justicia y el bien común. Responden políticamente ante la sociedad y frente a sus electores por el cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”, advierte la decisión.

Merlano se encuentra actualmente privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. La Corte Suprema de Justicia la investiga por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, porte ilegal de armas de fuego y ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas.

En fallo de primera instancia el Consejo de Estado le decretó la pérdida de investidura por sobrepasar los topes que exige la ley para la financiación de una campaña electoral. El alto tribunal estudia otras dos demandas en contra de la congresista. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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