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Elecciones presidenciales
Corferias, el mayor punto de votación del país.
Inaldo Pérez / RCN Radio

La Fiscalía General de la Nación reveló este jueves las pruebas que tiene en su poder para desmantelar redes de corrupción que operaron en las elecciones legislativas pasadas, en por lo menos ocho regiones, y que involucra a candidatos al Congreso, actuales congresistas, dirigentes políticos y líderes locales.

Entre los implicados se destaca el sonado caso de la congresista Aida Merlano, en el Atlántico, y otros actuales congresistas y aspirantes al congreso de partidos con el Conservador, Opción Ciudadana, Cambio Radical, Liberal, la U y el Centro Democrático.

Justamente y como resultado de las investigaciones, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investiga por estos hechos de corrupción electoral a la excongresista Aida Merlano (Conservador), el representante a la cámara y elegido senador Fabián Castillo (Cambio Radical) y la representante a la cámara Margarita Restrepo (Centro Democrático).

La Fiscalía también anunció imputación de cargos por estos hechos de corrupción contra la candidata a la Cámara Lilibeth Llinás, el alcalde de Ciénaga (Magdalena), Edgardo de Jesús Pérez; contra los diputados del Atlántico Jorge Luis Rangel Bello y Margarita María Belén y los concejales de Barranquilla Juan Carlos Zamora y Aissar Castro Bravo. Además del padre de este último, Aissar Castro Reyes.

Los casos investigados

Las redes de corrupción detectadas por la Fiscalía (que el jefe del organismo, Néstor Humberto Martínez, calificó de “nauseabundas”) fueron encontradas en Barranquilla (Atlántico) en el caso de compra de votos que involucra a la congresista Aida Merlano y en Ciénaga (Magdalena), por el mismo delito.

También se investiga la presunta compra de votos en Medellín que afecta a la actual congresista Margarita Restrepo y el aparente constreñimiento a profesores de jardines infantiles en Kennedy (Bogotá), para que votaran por las campañas al senado de María Fernanda Cabal y a la Cámara por Diego Caro. Los aspirantes hacen parte del Centro Democrático.

Además, la Fiscalía investiga casos de corrupción en el Sena de Caucasia (Antioquia), en el que se menciona al congresista y candidato al Senado Julián Bedoya Pulgarín y se indaga por la presencia de tarjetones marcados aparentemente a favor del candidato Faber Muñoz, en Cauca.

Los otros casos desvelados por la Fiscalía son la presunta alteración para escoger seleccionar a los jurados de votación en Soledad (Atlántico) y el transporte ilegal de electores en Santa Marta.

Este último caso sí está relacionado con las elecciones presidenciales en segunda vuelta, realizadas el pasado 17 de junio.

La ‘Casa Blanca’ de Aida Merlano

La Fiscalía reveló que tiene en su poder más de 2.112 horas de video y audios que permitieron evidenciar que la organización criminal que operó desde la ‘Casa Blanca’, sede de trabajo de la ex congresista Aida Merlano en Barranquilla.

Desde ahí se constituyó en una gigantesca red que operó desde 2015 como una empresa delincuencial al servicio de otras campañas políticas durante elecciones regionales y locales y actuó a fondo para las pasadas elecciones legislativas.

“La organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos. Tales electores recibían dinero a cambio de su voto, como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas”, dijo el fiscal Martínez.

Según el fiscal, las pruebas  demostraron que ‘Casa Blanca’ también funcionó a favor de la candidata Lilibeth Llinás (número 107 en el tarjetón de su partido para la Cámara de Representantes por el Atlántico), quien no fue elegida.

Las entrevistas practicadas y los videos en poder de la Fiscalía también revelaron que los electores correspondían, por lo general, a personas de bajos recursos y poca escolaridad.

Incluso –señala el organismo- fueron reclutados adultos mayores quienes debían entrar a los puestos de votación acompañados de niños para garantizar la exactitud del voto por el candidato indicado.

La Fiscalía estableció que la organización contaba con 2.323 líderes barriales y locales que habrían servido como ‘mercaderes’ de grupos de electores en varias zonas, los cuales tenían a su cargo la venta de “paquetes de votantes” para los candidatos.

Financiación irregular

El fiscal Martínez, advirtió que esta red de corrupción contaba con una financiación irregular de orden público y otra privada, lo que pone en evidencia que este fenómeno criminal constituye un problema sistémico.

En la pública, habrían existido contratos de prestación de servicios con entidades de la región, cuyos beneficiarios eran personas que trabajaban para la “Casa Blanca”, cuya edificación que sirvió para el depósito de las millonarias sumas de dinero que se repartieron para la compra de los votos.

En el caso de los financiadores privados, la Fiscalía identificó cientos de cheques provenientes de varios particulares, que fueron cobrados por personas pertenecientes a la empresa criminal.

“Uno de los implicados, Edwin Rafael Martínez Salas, ya capturado, durante el mes de febrero de 2018 cobró 21 cheques que superaron los mil millones de pesos”, dijo el fiscal.

El fiscal explicó que el dinero presuntamente repartido por esta red de corrupción electoral contrasta con el monto máximo para gastos de un candidato al Senado  que se fijó por ley en 900 millones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía, los nuevos implicados sobre los que se alista acciones judiciales estarían presuntamente involucrados en altos niveles de corrupción detectados en relación con la campaña política en Barranquilla (Atlántico) de la ex congresista Aida Merlano.

Incluso, con otros graves episodios criminales de delitos electorales como posible compra de votos en otras regiones del país.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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