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José Manuel Ríos Morales habría firmado irregularmente contratos por $1.590 millones de pesos.

MERCADOS DE CORONAVIRUS
Entrega de mercados en medio de la emergencia sanitaria.
Colprensa

La Procuraduría General suspendió por tres meses de su cargo al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales en el marco de la investigación disciplinaria que se adelanta por las irregularidades en la celebración y ejecución de cuatro contratos de suministro por más 1.590 millones de pesos para los más necesitados durante la pandemia.

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El organismo de control disciplnario indica que el mandatario habría entregado los millonarios contratos de manera directa, inclumpliendo así los principios de contratación pública.

La medida cautelar se tomó para evitar que el investigado continúe con las conductas presuntamente irregulares relacionadas con la falta de vigilancia y control de la contratación que había delegado a sus subalternos, sobre las etapas restantes, es decir, la ejecución y liquidación de los negocios jurídicos.

En este sentido se resalta que de continuar en el cargo podría compromteter los intereses públicos y la defensa del patrimonio del municipio de Armenia con la celebración de otros contratos.

Igualmente, el Ministerio Público le solicitó formalmente a la Fiscalía General qeu adelante la respectiva investigación contra el mandatario para determianr si abre una investigación penal.

Los contratos

La Procuraduría General investiga si se presentaron problemas en la selección del contratista, vulneración de los principios de la contratación, sobrecostos y posibles irregularidades en los estudios de mercados de los negocios jurídicos 01 de 2020 por 500 millones de pesos, 02 de 2020 por 350 millones de pesos, 03 de 2020 por $300 millones , y 04 de 2020 por $442.340.500. 

Igualmente, se recolectarán pruebas para determinar si existió un posible abuso de las potestades contractuales que llevaron, al parecer, a direccionar y seleccionar indebidamente proveedores sin idoneidad, mediante el mecanismo de contratación directa, durante la emergencia sanitaria derivada de la Covid-19, que pueden advertir el quebrantamiento de los principios de la contratación y moralidad administrativa.  

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El ente de control consideró que "estas presuntas irregularidades permitían inferir que, aunque el alcalde advirtió que no contrataría más, si se tratasen de otros procesos y otras contrataciones relacionadas con la pandemia, el mandatario local reiteraría estas conductas, dado que el municipio de Armenia tiene un plan de compras y adquisiciones que supera los $100.000 millones y la contratación pública es una actividad permanente, que no depende de la voluntad de un funcionario, sino de las necesidades del servicio y de los ciudadanos".
 
El mandatario le había solicitado a sus subalternos la elaboración de informes con el propósito de establecer si las irregularidades investigadas por la Procuraduría son ciertas o no, partiendo del hecho de que todo estaba bien, el órgano de control enfatizó en que esta instrucción genera un sesgo y compromete la objetividad e imparcialidad de la administración a la hora de evaluar las presuntas irregularidades, además de que posiblemente estaría utilizando recursos de la entidad para los fines de su defensa. 
 
 
Dado que se advirtieron conductas que afectan la moralidad administrativa por parte de los contratistas y los funcionarios de la administración, se consideró procedente remitir copia a la Delegada para la Conciliación Administrativa, para que analice la viabilidad de activar los medios judiciales de control de las contrataciones. Además, llamó la atención sobre posibles falsedades y conflictos de intereses en la gestión de estos negocios jurídicos.
 
Por estos mismos hechos son investigados la directora del Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, Gabriela Valencias Vásquez (para la época de los hechos), y al subdirector, José Javier Acero Osorio; al secretario de Desarrollo Social, Juan Carlos Patiño Zambrano, y al exasesor del despacho del alcalde, Jorge Luis Barrera Chiquita.
Fuente

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