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ANGÉLICA LOZANO
Colprensa

El Consejo de Estado rechazó la solicitud de separar a Angélica Lozano de su cargo como senadora de la República mientras se resuelve una demanda de pérdida de investidura. 

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El máximo tribunal de lo contencioso administrativo consideró que el demandante no justificó la necesidad que la congresista de la 'Alianza Verde' fuera apartada mientras se toma una decisión de fondo. 

En este punto se señaló que las medidas cautelares reseñadas por el accionante no eran necesarias, reseñando que no reúne el requisito de “argumentar y demostrar la existencia o inminencia de una afectación del interés público o general, de un perjuicio irremediable o la ineficacia de los efectos de la futura sentencia”.

Debido a esto, Lozano seguirá cumpliendo sus funciones mientras se toma una decisión de fondo frente a la demanda que busca su "muerte política".

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El demandante sostiene Lozano incurrió en la violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades por mantener "vínculo matrimonial" con un funcionario que ejerce autoridad civil o política.

En este caso se menciona específicamente la relación que sostiene la congresista con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández.

En los próximos días se tomará una decisión de fondo frente a los hechos demandados y se determinará si el vínculo matrimonial existente entre la senadora y la alcaldesa constituye o no una causal de pérdida de investidura.

Lozano fue elegida como senadora de la República para el periodo 2018–2022, y contrajo matrimonio con López el pasado 16 de diciembre, en una ceremonia privada que se celebró en el restaurante Céntrico, en el piso 41 del Centro Comercial San Martín.

No es la primera vez que la investidura de la senadora es demandada. En el 2015 el abogado Víctor Velásquez (quien radicó demandas contra el senador Antanas Mockus) también demandó la investidura de Lozano y la de Claudia lópez, cuando la primera estaba en la Cámara de Representantes y López era senadora.

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Sin embargo, en esa oportunidad el Consejo de Estado mantuvo la investidura de López y Lozano, al considerar que no se demostró en la demanda un vínculo o unión marital de hecho entre las congresistas.

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