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Camilo Romero
Lchernandez

La Corte Suprema de Justicia tuvo que aplazar para el mes de marzo las audiencias de juicio contra el precandidato presidencial, Camilo Romero, por irregularidades en contratación, luego de que su abogada de oficio presentara una incapacidad medica por enfermedad.

Cabe mencionar que en una audiencia pasada ese tribunal se negó a suspender las diligencias luego de una petición de la misma abogada para estudiar el proceso contra Romero, quien es investigado por presuntas irregularidades en un contrato para la compra de aguardiente cuando se desempeñó como gobernador de Nariño.

En esa misma diligencia el precandidato cuestionó la actuación de la Corte Suprema, señalando a los magistrados que llevan el caso de irrespetar sus derechos a la defensa.

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“Ustedes pretenden llevar a juicio sin las garantías de la defensa. La defensora no es una persona que yo le pague, no es de mi confianza y ha dicho que no está en la facultad de seguir mi defensa. Ustedes pretenden garantizar un juicio sin garantizar el derecho a la defensa. ¿Cómo se explica eso?”, dijo Romero en su momento.

El exgobernador también le dijo a los magistrados que su proceso no era “la presentación de un examen de universidad” y calificó como aberrante que la Corte Suprema le exigiera a la abogada de la defensoría 'tener lista una defensa para el juicio' en menos de 20 días.

La abogada de oficio la designó ese tribunal, después de que Romero informara que su abogado de confianza, Gerardo Barboza, había renunciado a su defensa.

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En ese sentido, el exgobernador indicó que esa renuncia se dio por las supuestas presiones de la Corte Suprema de Justicia.

“El doctor Gerardo Barboza renuncio por cómo se le quería obligar a desconocer su profesión académica, obligándolo a de un día para otro cancelar su agenda, adelantar un juicio mientras tenía covid, pero levantó sin ningún problema otra audiencia porque el señor fiscal no se sentía bien” dijo Romero.

Las investigaciones penales contra el exgobernador de Nariño y actual precandidato presidencial, iniciaron en el 2019 por presuntas inconsistencias en un contrato para la comercialización del aguardiente en la región, que habrían comprometido recursos por más de 18 mil millones de pesos.

 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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