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El Tribunal consideró que todas actuaciones del funcionario judicial, incluida la orden de captura, fueron ajustadas a la ley.

SIGIFREDO LÓPEZ
Sigifredo López estuvo seis meses privado de su libertad por la investigación por el secuestro y asesinato de sus 11 compañeros de Asamblea.
Colprensa

El Tribunal Superior de Cali precluyó la investigación en contra de Pablo César García López, el fiscal que envió a la cárcel a Sigifredo López en el caso por el secuestro de los exdiputados del Valle del Cauca.

El fiscal había sido investigado por el delito de prevaricato por omisión al ordenar la captura de López señalándolo de supuestamente haber tenido alguna relación con el secuestro de los 12 diputados, en el 2002.

La sala determinó que el fiscal actuó conforme a la ley teniendo en cuenta las pruebas que en ese momento rodeaban el caso como, por ejemplo, un disco compacto en el cual -según los investigadores- aparecía la voz de Sigifredo supuestamente narrando la estructura física del edificio de la Asamblea Departamental, donde ocurrió el secuestro.

“La Sala considera que el comportamiento del Paulo Cesara García no tiene contornos ni matices que indiquen que ha violado tipo penal alguno, por ello se atendrá a decretar la preclusión de la investigación a favor del fiscal”, señala la decisión del Tribunal.

La sentencia precisa que desde la Fiscalía se decidió que un equipo de funcionarios de alto nivel acompañaría las investigaciones del fiscal, por lo cual el Tribunal concluyó que las decisiones del caso no las asumió García.

"Asegurar que el fiscal 38 Paulo Cesar García conociendo que no era la voz de Sigfredo López decidió, en bandolera y contra toda evidencia, proceder dolosamente en contra de este, con el ánimo de congraciarse con sus superiores o por la aspiración obvia de ser ascendido en su trabajo, no deja de ser más que una percepción personal que no tiene asidero en estas diligencias”, precisa el fallo.

En su momento, Sigifredo López era señalado de estar vinculado en el secuestro y homicidio de sus 11 compañeros de la Asamblea  del Valle por parte de las antiguas Farc, hechos que después fueron desvirturados.

Según la sentencia, todas las pruebas del proceso fueron recaudadas de los computadores recuperados en la operación ‘Odisea’ en donde falleció Luis Alfonso Cano, máximo jefe de las Farc.

“Quedó claramente demostrado que las pruebas llegaron al proceso (...) de manera limpia y por virtud de información de los cuerpos técnicos de investigación oficiales". Añade la entendía que “por ninguna parte se observa que al fiscal, le hubieren impuesto, manipulado, aconsejado u obligado a valorar una prueba”.

Por su parte, el exdiputado Sigifredo López ha insistido en alegar que el meollo del asunto en este caso no se refiere a la competencia ni al aspecto formal de la decisión, sino al hecho de habérsele privado de la libertad con fundamento en una prueba espuria y en la supuesta renuncia que hizo el fiscal García López a su autonomía e independencia.

La investigación contra Sigifredo inició en el 2002 por los delitos de toma de rehenes de los 12 diputados de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, rebelión y perfidia.

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