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El empresario es señalado de enviarle 100 millones de pesos a la jueza que dejó en firme las medidas cautelares.

Carlos Mattos, expresidente de Hyundai en Colombia
Carlos Mattos, expresidente de Hyundai en Colombia
Colprensa

La Fiscalía General sustentó ante un juez de Bogotá, la apelación a través de la cual pretende que sea reactivada la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el empresario Carlos Mattos, procesado por presuntamente enviarle 100 millones de pesos a la jueza civil que dejó en firme las medidas cautelares que lo beneficiaron en un litigio por el polémico caso Hyundai.

Este recurso de apelación se produjo luego de que el juez noveno de control de garantías de Bogotá decidiera en primera instancia que no existían méritos suficientes para imponer dicha medida privativa de la libertad, contra el empresario colombo - español.

En primera instancia se determinó que la petición de la Fiscalía General era improcedente, al considerar que la jueza 16 civil municipal de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández, también detenida por este caso, no recibió ningún tipo de ofrecimiento económico cuando ratificó las medidas cautelares para la empresa Hyundai Colombia, en el pleito que tenía con el Grupo Eljuri de Ecuador para la distribución en el país de los vehículos de la marca coreana.

En contextoEn una caja de zapatos, así recibió parte del dinero la jueza que favoreció a Carlos Mattos

"En el momento de la entrega de las dádivas, Ligia del Carmen Hernández Pérez no tenía ya el conocimiento del proceso judicial en el que se vio beneficiado Carlos Jose Mattos Barrero y la conclusión es que ese comportamiento no está tipificado en nuestra legilsación sustantiva penal, situación que da al traste con la pretensión elevada por la Fiscalía", precisó el juez de garantías.

No obstante, el fiscal a cargo del proceso, Daniel Hernández, enfatizó que sí existen pruebas que demuestran que Carlos Mattos entregó millonarios recursos a la juez Ligia Hernandez, en medio de una actuación irregular que incluso llevó a que la funcionaria aceptara cargos.

A su turno, el representante de las víctimas respaldó la apelación de la Fiscalía, argumentando que no se puede enviar el mensaje a la opinión pública en el sentido de que la Judicatura admita el hecho de que los jueces reciban dineros, siempre y cuando ya hayan fallado en sus casos.

Fuente

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