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La Corte Constitucional señaló que prima la protección de las familias en mayor estado de vulnerabilidad.

Personas desplazadas por la violencia
La Corte señaló que un desalojo se puede “inaplicar en algunos casos”, sobre todo si se evidencia que los ocupantes son menores de edad.
Foto: Colprensa

Al ordenar la entrega de una vivienda digna a un grupo de 34 familias desplazadas que habían invadido un parque en Yopal, Casanare, la Corte Constitucional advirtió que las autoridades no pueden desalojar a la fuerza los asentamientos ilegales de personas en condición de vulnerabilidad. 

La Corte señaló que aunque la ocupación de un predio por vías de hecho es ilegal y por lo tanto da lugar a un desalojo, éste se puede “inaplicar en algunos casos”, sobre todo si se evidencia que los ocupantes son menores de edad, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas en condición de discapacidad.

“Las posibles consecuencias gravosas de desalojo, son aspectos relevantes a considerar por parte del juez constitucional”, dijo la Corte. 

En ese sentido, la Corte hizo un llamado de atención a los jueces de la República con el fin de verificar el contexto y la situación de los ocupantes de un espacio público antes de ordenar un desalojo, “circunstancias que por lo general, están ligadas a la violencia que han padecido como desplazados”, con el fin de proteger los derechos fundamentales de estos ciudadanos. 

“Siempre y cuando la administración determine que se trata de población vulnerable, en estado de debilidad manifiesta o constituyan sujetos de especial protección constitucional”, agrega la sentencia de la Corte. 

Al revisar el caso concreto, sobre las 34 familias desplazadas en Yopal, la Corte ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas y el Departamento para la Prosperidad Social hacer un censo para determinar “cuáles son las familias que se alojan en el asentamiento y ostentan la condición de desplazados y que familias se encuentran en situación de pobreza extrema”. 

Además ordenó incluirlas en un proyecto de vivienda y mientras se hace el proceso reubicarlas en un albergue, “tendrán prioridad como beneficiarios de los programas de vivienda que actualmente se tramitan en el municipio”. 

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