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Emilio Tapias
RCN Radio

El Banco Itaú le notificó formalmente a la Fiscalía General de la Nación que, nunca expidió dos cartas de certificación de cupo de crédito para obtener contratos con las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y que, los documentos que se utilizaron para obtener dos contratos otorgados a la empresa Proctor Construcciones S.A.S., eran falsos. 

En contexto: Caso MinTIC: Guido Nule habría participado en el polémico contrato de Centros Poblados

Cabe recordar que, uno de los contratos cuyo valor fue $1.400.000, tuvo como objeto reponer los componentes priorizados de las unidades de clarificación de la PTAR de Puerto Mallarino y el otro es por $725.100 destinados para la renovación de los componentes priorizados de la alimentación eléctrica de la PTAR  de Puerto Mallarino fase 1.

La investigación que adelanta la Fiscalía General concluyó que supuestamente Emilio Tapia (condenado por el carrusel de la Contratación), estaría también relacionado con las irregularidades que se cometieron.

Además se está investigando la amistad que existe entre Tapia y el represente legal del Consorcio Clarificación Puerto Mallarino, Herles Rodrigo Ariza, quien esta a cargo de las obras de intervención de la planta de tratamiento que tiene el mismo nombre del consorcio. 

"El Banco Itaú ha certificado a la Fiscalía General de la Nación que no ha expedido dos cartas de cupo de crédito para los procesos números 900-IPU-0609-2020 y 900-IPU-0610-2020 de Emcali. Dichos documentos son falsos", aseguró el Banco Itaú a RCN Radio. 

Este sería un escándalo de corrupción diferente al que se presentó con la licitación del billonario contrato que tenía como finalidad llevar internet a más de 14.000 colegios de las zonas rurales más apartadas del país con 7.277 centros digitales.

El pasado viernes 24 de septiembre, el juez 53 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, envió a la cárcel a Emilio Tapia (condenado por el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá), Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y Juan José Laverde, directivo de Rave Agencia de Seguros, por considerar que el material probatorio recaudado hasta el momento por la Fiscalía General de la Nación, permite determinar que se habrían cometido los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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