Camionero Pedro Aguilar seguirá en la cárcel por el 'Cartel de la chatarrización'

El Juez 43 Penal Garantías de Bogotá prorrogó por seis meses la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al exlíder camionero Pedro Aguilar Rodríguez, por el denominado 'Cartel de la Chatarrización".

Justificó su decisión en el hecho de que Aguilar, a través de la defensa, un falso fiscal y de otras personas intentó engañar a la justicia para quedar en libertad.

"Una persona que en un establecimiento de reclusión logra (...) engañar a un juez para quedar en libertad, ese solo aspecto conlleva a señalar que ninguna medida de aseguramiento no privativa de la libertad conllevaria a la finalidad que se persigue por parte de la Fiscalía", expresó el juez.

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A su turno, el fiscal de la Unidad de la Administración Pública afirmó que Aguilar Rodríguez es un peligro de la sociedad porque puede fugarse y no comparecer ante las audiencias.

Además, el delegado de la Fiscalía insistió en que puede obstruir a la justicia, luego de que José Edilberto Parada Barbosa, quién se presentó de manera ilegal como falso fiscal, solicitó la libertad de Pedro Aguilar, la cual fue concedida de manera "irregular".

"Solicito que se prorrogue la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Pedro Aguilar", manifestó el fiscal del caso.

El abogado Edilberto Arenas Cadena, defensor de Aguilar, sostuvo que su cliente no se fugó y que no huyó de la justicia simplemente salió de la cárcel por decisión de un juez de la república.

"Además, él viajó a la ciudad de Cali a donde un familiar que estaba enfermo Fue al médico e, incluso, estuvo en la Dian realizando trámites",explicó Arenas.

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Pedro Aguilar es procesado por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, uso de documento falso, y destrucción, supresión u ocultamiento de documento público.

Según el expediente contra el líder camionero, se habría creado una empresa criminal en la que se “dedicaron a defraudar los recursos del Estado, más exactamente los que se encuentran en manos del Ministerio de Transporte”.

Al parecer reclamaban “por medios fraudulentos los beneficios otorgados por parte de este Ministerio en la desintegración física total con fines de reconocimiento económico y reposición vehicular de automotores de transporte de carga”.

En el caso también están implicados Lida Piedad Sánchez, Octavio Fierro Polanco, Johana Castillo García, María Mabel Sánchez, Juvenal Llanten Agredo, Martha Liliana Bedoy Prado y Parmenides Reineiro Cueltan Imbacuan.