Candidato a la Alcaldía de Popayán fue acusado por presunta corrupción

Por presuntas irregularidades en la ejecución de un convenio de asociación, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra varios funcionarios públicos de Popayán.

Se trata de la anterior jefe de la Unidad Técnica de Asistencia (Umata) y hoy candidata a la alcaldía de Popayán, Rosalba Joaqui Joaqui y del secretario de Planeación del municipio, Francisco Zuñiga Bolívar.

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La imputación se dio por los presuntos delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad en documento público y celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales. 

En el desarrollo de la audiencia de imputación, el ente acusador reveló que la administración municipal celebró un contrato de asociación con la Corporación Latinoamericana Rural Misión Rural, cuyo objeto era la promoción de la tienda “Justo Pipián”, la primera tienda de comercio justo y solidario, por un valor de 302 millones de pesos. 

Para la Fiscalía era innecesaria la celebración de ese convenio, ya que la administración contaba con una dependencia que podía cumplir con ese objetivo. 

“Se manipuló el procedimiento para direccionar el contrato hacia una persona determinada. No se posesionó ninguna marca ni se creó un mercado, incluso se terminó generando pérdidas para algunos productores”, explicó La Fiscalía.  

“Un informe de la misma Contraloría indica que hubo un detrimento patrimonial por 128 millones de pesos”, agregó ese ente en su sustentación.

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Por estos hechos, la actual candidata a la alcaldía de esa ciudad -por el partido de la U- fue imputada por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad en documento público y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Mientras tanto, el secretario de Planeación -quien para la época de los hechos cumplía funciones como alcalde encargado- fue imputado por peculado por apropiación. 

Tras los hechos, los involucrados indicaron que están tranquilos y que van a demostrar que las actuaciones en la celebración del convenio fueron desarrolladas ajustándose a la ley.