Canje, control de territorio y financiamiento eran las políticas de los secuestros de las Farc: JEP

En medio de las audiencias de reconocimiento por el Caso 001, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinó que existían tres políticas por parte de la extinta guerrilla de las Farc para justificar los secuestros: canjes, control de territorio y financiamiento. 

De acuerdo con los hechos, entre los años 80 y 90 durante la expansión territorial de esa guerrilla, se adoptó una política de control de territorio que consistía en que los guerrilleros podían privar de la libertad a las personas que transitaban o que vivían en las zonas, por “el temor de que fueran espías o simpatizantes del enemigo”. 

Según las investigaciones, la guerrilla llevaba investigaciones informales que podían terminar en el asesinato y desaparición del secuestrado. Incluso hubo casos de secuestro con castigo a la víctima. 

Le puede interesar: Comenzó sonajero ministerial para nuevo gabinete de la administración Petro

A partir de los años 80, la guerrilla de las Farc empezó a financiar sus operaciones a través de los secuestros, cobrando a la familia de la víctima o a la empresa donde trabajaba millonarias sumas de dinero, al igual que las denominadas 'vacunas' y extorsiones que para ellos se conocía como “un impuesto para la paz” para financiar la guerra. 

A finales de los años 90, las extintas Farc empezaron a secuestrar a oficiales y suboficiales de Policía, para forzar un intercambio por guerrilleros presos. 

“En todos los casos los guerrilleros subalternos podían asesinar a las personas que tenían cautivas y para ello, debían contar con la autorización de sus superiores”, concluyó la JEP. 

Más información: Contrario a Rodolfo Hernández, Ingrid Betancourt anuncia que le hará oposición a Petro

Ese tribunal especial determinó que el secretariado de las Farc dio órdenes a sus subalternos y ellos obedecían convirtiéndose “en instrumentos de la voluntad de los miembros del secretariado“.

Para la Jurisdicción Especial para la Paz, los miembros del secretariado de las Farc “tienen responsabilidad de mando por omisión por los crímenes que cometieron los guerrilleros, relacionados con malos tratos, que si bien los comparecientes no ordenaron, tampoco previnieron, ni castigaron teniendo la responsabilidad de hacerlo”.