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Los procesados y una contratista habrían incurrido en sobrecostos del 50% en la adquisición de elementos de bioseguridad.
Foto archivo

Nueve militares en retiro y uno activo del Ejército Nacional, así como dos particulares investigados por presuntos hechos de  corrupción administrativa, fueron capturados por las autoridades en varias ciudades del país.

El comando del Ejército Nacional reveló que estas personas deberán responder ante la justicia por presuntamente realizar celebraciones de convenios de manera irregular entre los años 2016 al 2018.

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Los capturados, quienes son investigados por los delitos de falsedad en documento pública, cohecho, peculado por destinación oficial diferente  y peculado por apropiación,  fueron puestos a disposición de la Fiscalía 49 Especializada contra los delitos de la Administración Pública.

Las detenciones de estas personas se llevaron a cabo en las ciudades de Medellín, Villavicencio, Bogotá y Bucaramanga.

El Comando del Ejército Nacional,  señaló que  no tolerará ninguna actuación de sus integrantes que sea contraria a la Constitución,  la Ley, los Derechos Humanos o el Derecho Internacional Humanitario.

Igualmente anunció que prestará todo el apoyo a las autoridades competentes, en aras de dar celeridad a las investigaciones.  

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“Para la institución,  la ética es y será siempre la única regla para tomar decisiones frente a casos de corrupción”, informó el Ejército. 

El pasado mes de enero, la Contraloría General de la República realizó 28 hallazgos que configuran un presunto detrimento patrimonial por $3.740.794.997,39 relacionados con contratos del Ejército Nacional.

Las evidencias fueron producto de una Actuación Especial de Fiscalización realizada por equipos de auditoría del nivel central y de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia.

Uno de los casos más relevantes se relaciona con un contrato que tenía por objeto la reparación de componentes de la División de Aviación y Asalto Aéreo, en el que la institución militar hizo los desembolsos sin contraprestación alguna. A juicio de los auditores, se habría configurado entonces un daño fiscal estimado en $465.516.590.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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