Cartel de la Toga: Luis Ignacio Lyons dice que Fiscalía lo engañó para obtener su declaración

El abogado Luis Ignacio Lyons España le pidió formalmente a la jueza 60 de conocimiento de Bogotá que declare la nulidad de la formulación de la acusación que le hizo la Fiscalía General por el delito de cohecho por dar y ofrecer, dentro del escándalo de corrupción judicial que permeó la Corte Suprema de Justicia conocido como el 'cartel de la toga'. 

Advirtió que la Fiscalía lo utilizó para obtener su testimonio y de esta manera probar quienes participaron en la planeación y ejecución del entramado judicial pero que la promesa de concretar un principio de oportunidad nunca se cumplió por lo que se le vulneraron sus derechos. 

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Para el abogado sus declaraciones fueron contundentes en las investigaciones que se adelantaron tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Fiscalía y que permitieron las condenas del exmagistrado de la Corte Suprema, Francisco Javier Ricaurte.

Al mismo tiempo, adjuntó como material probatorio 29 folios con los que demuestra que con el fiscal del caso se construyó un principio de oportunidad con el que se le garantizaba que por autoincriminarse no iría a la cárcel. 

Lyons España señaló que se le vulneró el derecho fundamental al debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política puesto que se le engañó con ese principio de oportunidad que jamás se concretó. 

"Esta vulneración es trascendente pues se genera un daño a la estructura arreglada del proceso penal como el desconocimiento de un principio rector de su ordenamiento, que es el artículo 8 literal D, que afecta las garantías profundas constitucionales estipuladas en el artículo 29 de la Constitución Nacional, que no se pueden convalidar porque se rompe la forma consagrada en la ley contenida en el derecho fundamental inalienable del ser humano, inherente a su dignidad y que él mismo reclama", detalló. 

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"Afecta las estructuras del debido proceso como el derecho a la defensa aquí 'destrozado' en esta actuación, con perjuicio evidente para el acusado (...), de tal forma que señora juez pregonar derechos sin tener instrumentos con que hacerlos exigibles no tiene ningún sentido en un Estado democrático, por ello frente a la inobservancia de un derecho fundamental o la vulneración de sus contenidos por cualquier autoridad, se han previsto diferentes instrumentos de protección que hagan efectivo, el respeto de los mismos y la única posibilidad que existe es decretar la nulidad de la acusación para que se tramite el principio de oportunidad", agregó.