Casa por cárcel para general (r) Guatibonza y otros dos detenidos por 'chuzadas' ilegales

El juez noveno de control de garantías de Bogotá concedió el beneficio de la detención domiciliaria al general en retiro Humberto Guatiboza y a otros dos procesados por el escándalo de la 'red de chuzadas'.

Las otras dos personas vinculadas al proceso por el desmantelamiento de una presunta red dedicada a la interceptación ilegal y cobijadas con la medida judicial son: Carlos Arenas y Julián Villarraga.

“El despacho considera que la medida de aseguramiento privativa de libertad en lugar de domicilio es la que predominantemente permitiría proteger esos bienes jurídicos tutelados en cabeza de la comunidad”, dijo el juez.

El argumento del funcionario judicial se basó en asegurar que los tres implicados no utilizaron un software malicioso, que  manejó María Alicia Pinzón Montenegro -quien trabajaba en el Ministerio de las TIC- y el coronel retirado del Ejército, Jorge Humberto Salinas y el mayor Carlos Quiriga.

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“Se muestra excesiva la solicitud de la medida de aseguramiento que ha hecho la Fiscalía General en cuanto a ese punto", consideró el juez.

Señaló que “si bien es cierto que también se consideró que los otros imputados que sirvieron como testigos, hablo de los coroneles, los oficiales retirados Salinas y Quiroga si se encuentran restringidos de su libertad en establecimiento de reclusión". 

Según el juez de control de garantías la interceptación de comunicaciones se desarrolló con la herramienta que utilizaba "María Alicia Pinzón Montenegro y ese análisis en cuanto a la adecuación de la medida de aseguramiento, es el que permite escoger entre una de las proposiciones que ha hecho la defensa”.

Durante la diligencia Jorge Armando Otálora, abogado del excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, sostuvo que fue utilizado el nombre del uniformado para hacer negocios: "De esos escenarios se puede establecer que el nombre del señor general Guatibonza estaba siendo mal utilizado, estaba siendo usado, usufructuado por otras personas".

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"Por esta razón y al hacer un análisis preliminar de la evidencia, no es lógico ni razonable pensar que una sola conversación pretenda afianzar a mi protegido en un concierto para delinquir”, manifestó el abogado penalista.

Otálora, reveló además que la Fiscalía hizo un allanamiento en la casa del general y que entre otras cosas, se llevaron el computador de su esposa y de su hija de 15 años.

Las pruebas de la Fiscalía

Durante el proceso el fiscal del caso Daniel Hernández dijo que la organización ilegal había seguido a una fiscal y un juez.

“Se ordenó interceptar al juez 39 penal del circuito. Su señoría se solicitó con el fin de obtener información de un proceso judicial. Además se solicitó interceptar a la fiscal del caso Interbolsa con el fin de obtener información de carácter judicial” reveló el funcionario.

Según el representante del organismo investigador, el coronel retirado del Ejército Humberto Salinas, el general retirado de la Policía Humberto Guatibonza y la denominada ‘dama’ de las interceptaciones, María Alicia Pinzón Montenegro, coordinaba con algunos clientes y socios la forma en que realizaban las interceptaciones ilegales.

El fiscal también explicó que para registrar a sus clientes tenían un orden, ya que marcaban las carpetas con nombres específicos de las labores ilícitas y que eso quedó demostrado al momento de la captura de  algunos integrantes de esta organización ilegal.

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“A los tres se les capturó con los computadores abiertos su señoría y estaban trabajando sobre carpetas que María Alicia tenía atrasadas, sobre las cuales no estaba entregando su información o sus ordenes a tiempo", dijo.

El fiscal Hernández explicó que "eso claramente fue un punto importante para la Fiscalía porque logramos al momento de la incautación, no solo los equipos de María Alicia Pinzón, sino los equipos del coronel Salinas y del mayor Quiroga”.