Caso Conecta: Fiscalía adjudica contrato y anuncia investigación por irregularidades

En una audiencia pública, la Fiscalía eligió a UT Fiscalía Seguridad Integral y YAK TIL S.A.S., como empresas encargadas de cumplir con el contrato de se telecomunicaciones y seguridad interna que tendría un valor de $179.563.891.320. 

Este proceso de selección estuvo envuelto en polémica, pues el pasado 7 de diciembre, el ente acusador dio a conocer que rechazaba la propuesta de la Unión Temporal Conecta 2022, que estaba conformada y liderada por la empresa Colombia Telecomunicaciones S.A., en la que, según indicó la Fiscalía, habría presuntas irregularidades en uno de los documentos. 

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Este papel, que era el certificado de las pantallas de 55 pulgadas que serían utilizadas para videoconferencias y debían cumplir con el tiempo de cuarenta mil horas de uso, fue entregada por Conecta, pero la Fiscalía aseguró que, cuando hicieron la verificación con el fabricante, LG Bussines Solutions, aseguró que sus productos tenían certificación de solamente treinta mil horas. 

El abogado de Conecta 2022, Jaime Chávez, aseguró que la intención de la unión temporal no era generar una controversia, pero que el mal entendido se debe a que son dos informaciones que salieron de la misma fuente. 

"El otro frente (empresas concursantes) fueron ante el fabricante y les dieron una certificación con un número de horas diferente. Eso implica que entren en choque dos informaciones que provienen de una misma fuente y es ahí donde se presenta la confusión. Pero no se trata de que hayamos creado esa confusión, se presenta porque tenemos de una fuente un distribuidor que entrega una certificación y de otra fuente se presenta una información del mismo equipo pero con una información diferente. Ese es el objeto de esta discusión", aseguró Chávez.

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El representante legal de la Unión Temporal Conecta 2022, anunció que presentaron una demanda penal, para establecer quién es el responsable de emitir esa certificación presuntamente falsa, además de asegurar que se consideran víctimas, pues por culpa de estos señalamientos, fueron descartados del proceso de adjudicación.