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Embajador Armando Benedetti
Colprensa

La Corte Suprema de Justicia remitió a la Fiscalía el proceso que adelanta contra el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, por perder la competencia para juzgar al exsenador por el fuero diplomático. 

La investigación que adelantaba el alto tribunal era por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias de servidor público, por el escándalo de corrupción del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). 

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El ahora embajador en Venezuela es investigado por presuntamente haber hecho parte del escándalo de contratación con Fonade, mismo caso en el que están vinculados Musa Besaile y Bernardo 'El Ñoño' Elías. 

Según el expediente del caso, los congresistas habrían intercedido para asignar, a dedo, un millonario contrato público, por un valor de 1.065 millones de pesos, en cuyo proceso intervino Benedetti. 

La investigación señala que la asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo de Armando Benedetti ingresó en repetidas ocasiones a la sede del Fondo Nacional de Proyectos de Desarrollo, que tenía como objetivo gestionar la adjudicación directa del contrato. 

Pese haber sido mencionado y vinculado por varios testigos del caso, el exsenador se ha declarado inocente en repetidas ocasiones, incluso, considera que se trata de una persecución de la magistrada Cristina Lombana, quien avanza varios procesos contra el actual embajador. 

Aunque para Benedetti se trata de una persecución judicial, su representante legal aseguró en repetidas ocasiones que comparecerían a todas las etapas de juicio cuando la Corte Suprema estableciera fechas para las diligencias. 

Ahora será la Fiscalía la encargada de avanzar con el proceso de investigación, para recolectar el material probatorio pero, en caso de que Benedetti sea acusado, el juicio será desarrollado por la Corte Suprema de Justicia. 

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Cabe resaltar que el embajador en Venezuela había sido vinculado con otros escándalos de corrupción como Odebretch, pero finalmente fue absuelto de cualquier posible responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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