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La defensa de los padres del menor de edad manifestó que presentarán una queja.

GRAFITERO
El patrullero Alarcón le disparó por la espalda al joven de 16 años.
Cortesía

El juzgado 19 de conocimiento de Bogotá fijó las pruebas que serán utilizadas dentro del proceso que se adelanta por la manipulación de la escena de crimen del joven grafitero, Diego Felipe Becerra Lizarazo, quien murió por el disparo de un patrullero de la Policía Metropolitana de Bogotá el 19 de agosto de 2011.

La abogada Myriam Pachón, quien defiende los intereses de los familiares de Becerra Lizarazo, aseguró que las pruebas clave no fueron aprobadas por el despacho judicial para demostrar la ubicación de manera predeterminada de un arma de fuego para desviar la investigación. 

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En este sentido aseguró que en el juicio no se escucharán las declaraciones de los uniformados que ya reconocieron haber comprado el arma en el “mercado negro” y llevarla hasta la calle 116 con Avenida Boyacá para ubicarla en el sector en el que horas antes el patrullero Wilmer Antonio Alarcón había atacado por la espalda al joven de 17 años.

Igualmente se rechazó la petición para que el teniente que realizó el informe de inspección oficial en el lugar de los hechos declarara bajo la gravedad de juramento. El oficial ya había manifestado que cuando al realizar el documento concluyó que no existía un arma de fuego en dicha zona.

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Sin embargo, al presentárselo a su superior recibió un fuerte llamado de atención y el informe posteriormente es cambiado por uno que señala que existía un revolver en el lugar el cual había sido accionado.

Por la manipulación de la escena del crimen la Fiscalía General acusó a los coroneles Javier Vivas y Nelson de Jesús Arévalo –exsubcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá y excomandante de la Estación de Suba- por presuntamente tener conocimiento y participación en estas actividades para alterar la escena del crimen.

En el escrito de acusación presentado en febrero de 2017 se señala que en la madrugada del 20 de agosto de 2011 un grupo de policías llegaron a la zona y pusieron una pistola que habían adquirido de manera ilegal. Para darle apariencia de uso la dispararon en un canal de aguas lluvias cercano.

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La Fiscalía General sostiene que con esto se buscaba crear la hipótesis que el joven de 17 años había atacado con esa pistola al patrullero Alarcón quien lo requirió para hacerle una requisa tras recibir una denuncia por el asalto a un bus de servicio público en la calle 116 con Avenida Boyacá.

Sin embargo, las investigaciones establecieron que el arma tenía varios problemas para ser accionada, hecho por el cual se debía tener un conocimiento casi que profesional para poder utilizarla. Igualmente, el menor no tenía rastros de pólvora ni en sus manos, ropa u objetos que llevaba ese día, como sus aerosoles.

Por la alteración de la escena del crimen tres policías aceptaron su participación y fueron condenados por los delitos de delitos de fraude procesal, falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, y ocultamiento, alteración o destrucción de materiales probatorios.                                                                                                                                                                        

Fuente

RCN Radio

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