Caso Laura Sarabia: Fiscalía alista primeras imputaciones por chuzadas ilegales

La Fiscalía General avanza en la recolección y valoración de pruebas y próximamente serán llamados a imputación varios de los responsables de los hechos relacionados con las supuestas presiones indebidas de que fue víctima, al ser sometida al polígrafo, Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, quien además fue objeto de interceptaciones telefónicas ilegales, junto con Fabiola, la empleada doméstica de la residencia de la jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro.

Estas formulaciones de cargos que prepara la Fiscalía se relaciona con tres líneas de investigación. La primera, en torno a la denuncia de Laura Sarabia por un hurto cuyo monto aún no es claro que ascendió a los 4.000 dólares, ó 7000 dólares ó 150 millones de pesos.

La segunda, hace referencia a las supuestas presiones indebidas por la prueba del polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza. 

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Y la tercera línea de investigación por el escándalo de chuzadas ilegales que involucra directamente a policías judiciales de inteligencia de la Dijín.

En este caso se indagan delitos como falsedad ideológica en documento público, alteración de elemento o material probatorio y fraude procesal, ente otros cargos.

“Es falso el argumento citado por la Policía Nacional en un comunicado dirigido a la opinión pública, en el que indica que, el 26 de enero del año en curso, un investigador adscrito a la DIJIN solicitó interceptar las líneas telefónicas de la exniñera y de la mujer que le ayudaba en las labores domésticas a la jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia Torres”, aseguró en un comunicado la Fiscalía General de la Nación.

Según los fiscales, tras verificar la línea del tiempo en torno a estos hechos se estableció que el 26 de enero pasado, mediante informe de policía judicial, un funcionario de la Dijín solicitó la interceptación de dos líneas telefónicas pero a dos abonados distintos a los de la exniñera y de "Fabiola".

Luego de realizar las indagaciones del caso se determinó que, sólo hasta el 30 de enero, otro uniformado de la Policía Nacional elaboró un formato en el que indicó que una fuente anónima aseguraba que las líneas celular de la exniñera y de la empleada del servicio pertenecían a alias 'La Cocinera' y alias 'La Madrina', quienes eran supuestamente dos presuntas integrantes del ‘Clan del Golfo’. 

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Con base en en ese informe inventado por el uniformado de la Policía, posteriormente, pidió formalmente intervenir los números telefónicos de estas dos mujeres.

De acuerdo con los investigadores, con base en estos documentos, se indujo en error a un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, que ordenó intervenir las comunicaciones de las dos exempleadas de la jefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro.

La Fiscalía también precisó que el 9 de febrero, luego de mantener interceptadas estas líneas telefónicas durante diez días, el investigador de la Dijín pidió suspender la actividad de chuzadas, porque supuestamente no arrojaba información sobre el ‘Clan del Golfo’ y sólo se escuchaban conversaciones de carácter personal.