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Espectro 700 MHz, tema pendiente del gobierno, en cabeza del Mintic
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Foto de referencia de Ingimage

Como representante de Rave Agencia de Seguros, Juan José Laverde Martínez tuvo una activa participación y conocimiento en los hechos que rodearon la presentación de la propuesta de la Unión Temporal Centros Poblados para recibir el billonario contrato 1043 del 2010 -'Proyecto 10K'- que adelantó el Ministerio de las TIC en diciembre de 2019.

Laverde, quien capturado el 20 de septiembre de 2011 en Medellín, no ha negado que tuvo conocimiento directo en la adquisición de pólizas de seguro falsas del Banco Itaú para anexarlas a la propuesta y así resultar beneficiados con el contrato que tenía como objetivo principal la creación de 10 mil centros digitales en  escuelas rurales ubicadas en los 32 departamentos de Colombia. 

En el interrogatorio que rindió ante la Fiscalía General, Laverde narró la forma en cómo conoció a Emilio Tapia en 2018, cuando ya el contratista era conocido como uno de los principales protagonistas del 'carrusel de la contratación' en Bogotá. 

Un año después, ya cuando Tapia estaba con libertad condicional, lo buscó para hablar de varios procesos de contratación, entre ellos uno que se estaba adelantando en Egipto. Para acceder al mismo le pidió asesoría sobre el tema de las pólizas de seguro, las cuales eran una de las principales condiciones.

Ya para finales de ese año se volvieron a contactar pero esta vez para un proceso de licitación en Colombia. En el proyecto para darle conectividad gratuita a 14.745 colegios oficiales hasta el 2031 la Unión Temporal -conformada por las empresas Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Novotic); Intec de la Costa; ICM Ingenieros, y Omega Buildings-  presentó toda la documentación exigida entre las cuales se encontraban las pólizas de seguro que los cubrían ante cualquier eventualidad e incumplimiento. 

Tras ganarse el contrato la Unión Temporal recibió 70 mil millones de pesos para comprar los equipos para la creación de 7.277 centros digitales en Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Sin embargo, ante las constantes e injustificadas demoras el Ministerio hizo uso de las pólizas del Banco Itaú. En ese momento uno de sus representantes le aseguró que dicho documentos fueron falsificados puesto que ellos jamás habían autorizado una póliza de esas dimensiones ni para esos fines. 

Debido a esto se convocó en junio de 2021 una audiencia para revocar el contrato y exigir la devolución de los 70 mil millones de pesos. Antes de esta diligencia, Tapia y otros implicados en este contrato habría intentado mover sus influencias con el fin de suspender esa diligencia. 

En su interrogatorio, Laverde cita cómo fueron los momentos previos a esta audiencia y las acciones que tomó Tapia -quien era la cabeza de la Unión Temporal- con el fin de evitar a toda costa la revocatoria. (...) me confirmó es que le habían girado unos recursos que él mencionó pocos, al viceministro Iván Mantilla, luego en una reunión posterior cuando ya estalló el escándalo, ya no volvió a mencionar a los DAEZ, sino que mencionaba una posible gestión a través de los Chat para evitar la caducidad (sic)".

Laverde fue más allá y aseguro que Tapia "incluso dijo haber escuchado una conversación con la Ministra (Karen Adudinen) en la cual ella no iba a hacer caso a nada distinto a llevar la caducidad del contrato, mencionó también posterior al escándalo una altísima gestión para evitar la caducidad, incluso estaba convencido de que esta se iba a evitar o bien por estas gestiones o bien por la autoincriminación de la responsabilidad en la garantía a cargo de INTEC de la Costa".

El empresario agregó cómo se ejercieron todas las presiones para que la audiencia fuera suspendida o para evadir la responsabilidad frente a la falsificación de las pólizas. Incluso se planteó la posibilidad de enviarle 100 millones de pesos a un abogado del Banco Itaú para que reconociera la validez de dicho documento.

Frente a estos señalamientos, el ahora exviceministro de las TIC, Iván Mantilla aseguró que estas acusaciones son falsas, negando haber conocido o tenido cualquier tipo de contacto con Emilio Tapia, Juan José Laverde y los demás representantes de la Unión Temporal Centros Poblados.

Desde el 27 de octubre Laverde se encuentra con medida de aseguramiento en su respectivo domicilio esperando el inicio del juicio que se adelanta en su contra por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.

Es el único de los tres capturados que hasta la fecha no ha mostrado un interés en buscar un preacuerdo o un principio de oportunidad con la Fiscalía. 

Fuente

Sistema Integrado Digital

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