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La defensa del expresidente Juan Manuel Santos pedirá el archivo de la investigación que se sigue en el Consejo Electoral.

Juan Manuel Santos, durante la campaña por la reelección en 2014.
Juan Manuel Santos, durante la campaña por la reelección en 2014.
AFP

Pasados tres años de destapado el escándalo de Odebrecht en Colombia, a la fecha no ha prosperado ninguna investigación ni en la Fiscalia, ni el Consejo Nacional Electoral (CNE), ni en la Comisión de Acusación de la Cámara por el supuesto ingreso de dineros de la multinacional a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga en 2014, pese a que hay involucrados en la actualidad diez personas. 

Las primeras declaraciones que originaron las investigaciones por el supuesto ingreso de dineros de esa multinacional a las campañas políticas surgieron a raíz del testimonio del excongresista Otto Bula, detenido el 14 de enero de 2017.

Bula aseguró en ese entonces que de los 4.6 millones de dólares que recibió habría entregado un millón de dólares al empresario Andrés Girado, quien era enlace de Roberto Prieto, entonces jefe de la campaña para reelección de Juan Manuel Santos en 2014.

También, el 30 de mayo de 2017, Eleuberto Martorelli, gerente de Odebrecht en Colombia, aseguró que esa multinacional financió con 1.6 millones de dólares a la campaña presidencial de 2014  de Óscar Iván Zuluaga para pagar la asesoría del publicista brasileño Duda Mendoza.

Lea también: Odebrecht: testigo sobre dineros en campaña Santos denuncia nuevas amenazas

Investigaciones en el archivo

Al carecer de competencia la Fiscalía, compulsó copias y, en febrero de 2017, el CNE abrió investigación y en octubre de ese mismo año decidió archivar el proceso contra la campaña del Centro Democrático "Mano Firme, Corazón Grande" de  Óscar Iván Zuluaga, al concluir que no existían una prueba contundente que estableciera una financiación por parte de Odebrecht .

Igualmente, en agosto de 2018, el CNE archivó la investigación contra la campaña para la reelección de Santos de 2014 en relación con la supuesta financiación de un millón de dólares que habría realizado Odebrecht, a través de un contrato con la sociedad panameña Paddington, vinculada a la empresa colombiana Sancho BBDO, para realizar una encuesta de opinión en las principales ciudades de Colombia.

En relación con la campaña de Santos en 2014, también se presentó como prueba una carta de los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana sobre el supuesto pago de Odebrecht de 6 mil millones de pesos a Roberto Prieto para la primera vuelta presidencial del 2014 y una serie de consignaciones presuntamente irregulares.

Pese a este archivo, se compulsó copias a la Comisión de Acusación de la Cámara al considerar que existían elementos para inferir una posible responsabilidad del expresidente Santos. Sin embargo, tiempo después esa corporación archivó la investigación por falta de pruebas.

Los procesos activos 

En la actualidad hay tres investigaciones activas, pero por hechos relacionados con la campaña de reelección presidencial de Juan Manuel Santos en 2014.

La primera se abrió el pasado 13 de agosto en el Consejo Nacional Electoral, tras el interrogatorio rendido ante la Fiscalía por el empresario Andrés Sanmiguel Castaño sobre el supuesto movimiento de 3.894 millones de pesos en contratos simulados con la Ruta del Sol Dos en la segunda vuelta de la campaña presidencial reeleccionista de Juan Manuel Santos de 2014.

La segunda investigación activa la inicio la Comisión de Acusación de la Cámara tras la declaración del exsenador Bernardo 'el Ñoño' Elías, condenado a seis años y ocho meses de prisión por cohecho y tráfico de influencias por el caso Odebrecht.

Elías aseguró que los dineros que recibió de esa multinacional, que ascenderán a 16 mil millones de pesos, supuestamente los gastó en la primera y segunda vuelta de la campaña reeleccionista de Santos en 2014 e, incluso, en el plebiscito por la paz.

Una tercera investigación la coordina la Fiscalía, pero no directamente contra la campaña de reelección presidencial de Juan Manuel Santos de 2014 -porque las responsabilidades penales son individuales-: es la imputación de cargos por el delito de enriquecimiento ilícito que esta pendiente de realizar ante un juez de Bogotá contra  los empresarios Andrés Sanmiguel Castaño, David Fernando Portilla, Esteban Moreno y Javier Torres.

Estos empresarios son investigados porque existen indicios que demostrarían que presuntamente por medio de contratos ficticios facilitaron el tránsito de alrededor de 3.894 millones de pesos de Odebrecht, los cuales habrían servido para financiar la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos en 2014.

En torno a este proceso, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Felipe Gutiérrez, dejo en claro que una vez se evalúen las pruebas y los testimonios se determinará si se abre una investigación formal.

Los involucrados 

Frente a estos graves hechos a lo largo de las investigaciones han sido salpicados más de una veintena de personas entre líderes políticos, funcionarios, contratistas y empresarios. Pero en la actualidad aparecen involucrados como testigos e investigados al menos diez personas, por la supuesta financiación a la campaña reeleccionista de Santos en 2014.

Del total de investigados, el CNE citó a declarar como testigos para el próximo 3 de octubre a los empresarios David Fernando Portilla y Andres Samiguel Castaño. Este último denunció nuevas amenazas en su contra y aseguró, a través de su defensa, que guardará silencio ante el Consejo Nacional Electoral.

El CNE también citó  a rendir versión libre el próximo 3 y 4 de octubre a José Roberto Prieto Uribe (Gerente de la campaña de Santos 2014 - 2018), Gilberto Contreras Morales (Tesorero campaña de Santos 2014 - 2018), Aracely Rojas Salinas (Auditora de campaña de Santos 2014 - 2018), Óscar Orlando Rueda García (Secretario General y Representante alegal del Partido de la U) y el expresidente Juan Manuel Santos. Este último, además, esta siendo investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

¿Qué actuaciones a adelantado la Procuraduria y la Contraloría?

La Procuraduría General ha enviado dos conceptos al CNE insistiendo en tumbar el archivo y reabrir  las investigaciones al considerar que sí hay suficientes pruebas para demostrar el ingreso de dinero de odebrecht  en ambas campañas de Zuluaga y Santos en 2014, pero no han sido tenido en cuenta esos argumentos.

Por su parte, la Contraloría General no ha adelantado investigaciones al respecto, en atención a que no se trata de recursos públicos sino de dineros privados.

¿Por qué no prosperan las investigaciones?

En los casos de Brasil con los expresidentes Lula Da Silva y Michel Temer; de Perú, con Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García (quien se suicidio) y de Panamá, con Ricardo Martinelli, los expresidentes han sido acusados de ser beneficiarios o recibir sobornos de Odebrecht bajo delitos como lavado de activos, blanqueo de capitales o  recibir dinero en sus cuentas personales para la adjudicación de contratos de Odebrecht.

Mientras que en Colombia ni al expresidente Santos ni el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga se les ha probado haber recibido dinero en sus cuentas personales de Odebrecht, ni se ha evidenciado que  hayan cometido otro delito como un cohecho o una celebración indebida de contratos. Además, la violación de  topes de las campaña para los años  2010 y 2014 no era un delito en Colombia y solo pasó a serlo hasta el 2017.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), indicó que la Fiscalía General sí tiene la capacidad técnica para poder determinar ciertas acciones que pueden empezar a verse como delitos electorales o lavado de activos, porque cuenta con mayores herramientas y presencia en todo el país para hacer seguimientos frente a recursos ilícitos.

"Cuando hay relaciones entre política y finanzas los recursos se manejan en efectivo, se entregan personalmente y eso evita cualquier forma de poder hacer seguimiento si se pasan por el sistema bancario", indicó Barrios.

Por su parte, el exmagistrado del CNE Armando Novoa aseguró que la tesis de la caducidad no procede para esta tema de las campañas, porque se trata de nuevos hechos irregulares.

"Con la tesis de la caducidad lo que se esta premiando es la habilidad de los candidatos y las campañas para ocultar la información a la autoridad electoral y  les va mejor, porque el simple paso del tiempo purga la ilegalidad de su conducta", indicó Novoa.

No obstante, tanto el Consejo Nacional Electoral como la Comisión de Acusación, deberán revisar las nuevas pruebas que se sustentan principalmente en el testimonio del empresario Andrés Sanmiguel y del ex senador 'Ñoño' Elías.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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