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Iván Cepeda
Iván Cepeda, senador del Polo Democrático
Colprensa

A pocos días que la Fiscalía General solicite ante un juez de control de garantías precluir la investigación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación y presión a testigos, este jueves la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá emitió una decisión trascendental para una de las víctimas reconocidas en este proceso.

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Tras resolver una acción de tutela, la Sala le ordenó a la Fiscalía Sexta Delegada ante la Corte Suprema que en un plazo de 48 horas le entregue todas las pruebas recolectadas a senador Iván Cepeda Castro y a sus apoderados.

En la decisión se ampararon los derechos de Cepeda al debido proceso y al acceso a la información y administración de justicia "en su calidad de víctima". En este sentido, el ente investigador deberá resolver todas las peticiones formuladas por Cepeda los días 19 de noviembre y 9 de diciembre de 2020, así como las presentadas el 2, 16 y 18 de febrero y 3 de marzo de 2021.

 

CASO URIBE
Cortesía

En diferentes oportunidades Cepeda ha manifestado que la Fiscalía General no le ha entregado todo el material probatorio recolectado en este proceso judicial. Situación que ha negado el ente investigador mediante escritos enviados por el fiscal Gabriel Jaimes. 

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En la acción de tutela presentada el pasado 11 de marzo, el senador del Polo Democrático señalando que las pruebas practicadas por la Fiscalía General tras recibir el expediente de la Corte Suprema de Justicia no le habían sido entregadas pese a que es una víctima reconocida en el proceso. 

En el debate jurídico, la Sala Penal ordenó que se debe velar para que las víctimas reconocidas reciban la información que solicitan dentro del proceso para intervenir o preparar sus argumentos en el debate jurídico. Para esto se señaló que es clave que, teniendo en cuenta la ley, pueda acceder "al contenido de la actuación, con el único propósito de corroborar o precisar el contenido de la información que previamente poseía”.

El senador Cepeda fue reconocido por la Corte Suprema de Justicia como víctima debido a que presuntamente los abogados de Uribe habrían ejercido presiones a un grupo de testigos, entre ellos Juan Guillemo Monsalve, para que lo acusaran de estar detrás de un complot en contra del exmandatario y su hermano, Santiago Uribe.

El fin era señalar a Cepeda como un hostigador que estaba ofreciendo dinero en efectivo y beneficios judiciales a varios exparamilitares para que señalaran a los hermanos Uribe Vélez de tener vínculos con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Por estos hechos, Uribe fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad en agosto de 2020 por orden de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso que se le adelantaba por los delitos de fraude en actuación judicial y soborno. 

 

 

 

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