Centros Poblados: denuncian falsedad en cupo de crédito para obtener jugoso contrato en la Uspec

Se conoce un nuevo capítulo de la falsificación de documentos bajo la misma modalidad de Centros Poblados, pero a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho (Uspec).

Según se conoció, habrían falsificado una garantía de cupo de crédito para acceder a un contrato por más de 16.000 millones de pesos.

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El director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Andrés Díaz, denunció que fue descubierta una certificación de cupo de crédito expedido expedido por el Banco Itaú a favor del proponente Consorcio Bellavista 2021 (integrado por las firmas Proyectos y Desarrollos de Infraestructura S.A.S. y JP Servicios S.A.S.) dentro de la licitación pública USPEC-LP-032-2020. 

El objeto de dicha contratación fue la construcción del nuevo pabellón número 4 y áreas complementarias para el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario Epmsc Medellín (Antioquia) y que generó el contrato número 284 de 2020, por $16.790.608.595. 

Debido a esto, el pasado lunes 27 de septiembre el director de la Uspec le informó al contratista que se inició una actuación administrativa con la que se busca declarar la nulidad del contrato, considerando que la presunta falsificación de la certificación del cupo de crédito, es causal suficiente para cancelación de manera absoluta el contrato. 

Se espera que este martes se inicie el proceso de nulidad del contrato y que este se extienda por los próximos días. 

También se conoció que la Uspec no alcanzó a desembolsar los más de 16.000 millones de pesos, por lo que no existe riesgo en cuánto a los recursos públicos. 

En ese sentido, se solicitó a la Fiscalía General de la Nación que adelante las respectivas investigaciones, teniendo en cuenta que la adulteración de documentos para obtener un crédito con el Estado es un delito que está tipificado en la Constitución Política de Colombia y además, atenta contra los principios de transparencia y moralidad pública. 

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El director de la Uspec, además, informó que se está haciendo una exhaustiva investigación para identificar si existe alguna otra irregularidad en otros procesos contractuales de la entidad.

Esto ocurre en medio de la controversia que ha generado la adulteración de las certificaciones de cupo de crédito que según la Fiscalía habría falsificado la unión temporal Centros Poblados para quedarse con el contrato por más de un billón de pesos con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y en el que se alcanzó a desembolsar 70.000 millones de pesos. 

También se conoció que uno de los investigados por el entramado de Centros Poblados Jorge Alfonso Molina es el representante legal de una de las empresas que participó en la licitación. 

Molina es considerado por la Fiscalía como un testigo que se convertirá en clave para descubrir como se planeó y ejecutaron las presuntas irregularidades que permitieron que a Centros Poblados, se le asignara el contrato para llevar internet a más de 14.000 colegios de las zonas rurales de Colombia. 

En el caso de la cárcel de Bellavista, se buscaba construir 514 cupos nuevos en ese centros de reclusión.