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PALOQUEMAO
Complejo judicial de Paloquemao.
Colprensa

Luego que se extendiera hasta el 27 de abril el tiempo de cuarentena obligatorio ordenado por el presidente de la República, Iván Duque, en medio del incremento de casos de contagio por coronavirus, los sindicatos que componen la rama judicial solicitaron que se autorice frenar todas las actividades durante la Semana Santa.

Según explicó el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal), Fredy Machado, se le solicitó al Gobierno y al Consejo Superior de la Judicatura que durante estos días cesen todas las actividades en el país para evitar contagios de coronavirus.

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Machado se basó principalmente en qué el 30% de la planta de servidores de la rama judicial (jueces de ejecución de penas, garantías, fiscales, Cuerpo Técnico de Investigación y Unidades de Reacción Inmediata) están laborando presencialmente en medio de la pandemia ocasionada por la COVID – 19 y que esto representa un riesgo mayor.  

Al mismo tiempo, el dirigente sindical dijo que están a la espera del pronunciamiento del Gobierno frente a la solicitud que se planteó y si autoriza o no este cese de actividades durante la Semana Santa.

También señaló que es preocupante que los funcionarios no solo estén en riesgo permanente sino que también sus familias y entorno.

“Se van a dar los picos más altos de contagio, por eso se le ha pedido al Gobierno que cierre el servicio de justicia para que podamos estar en aislamiento social preventivo y de esta manera salvar vidas”.

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En una carta abierta al Jefe de Estado advierten que es necesario tomar este tipo de disposiciones: “En este escenario de alto riesgo, se justifica solicitar al presidente de la República que, haciendo uso de los decretos de Estado de emergencia considere la posibilidad de cerrar totalmente el servicio de justicia durante la semana santa”.

En ese sentido agregaron “esos días coincidirán con los picos más altos de contagio, al tiempo permitirían la adquisición de elementos y equipos de protección para los servidores. La negativa a esta razonable medida nos puede llevar a –la providencia no lo permita- a  convertirnos en espectadores de la crónica de una tragedia anunciada”.   

Finalmente, Machado señaló que los funcionarios que están laborando de manera presencial están sometidos a un estrés muy alto, que podría incrementarse con las peticiones de excarcelaciones que quedarían habilitadas con el decreto presidencial.

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Fuente

Sistema Integrado de Información

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