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El organismo internación al estudia una demanda presentada por los familiares de Diego Felipe Becerra por las demoras en la investigación.

GRAFITERO
Un ciudadano que pasaba por el lugar transportó a Becerra Lizarazo a la Clínica Shaio donde falleció.
Cortesía

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó formalmente al Estado colombiano un informe sobre los avances de las investigaciones que se han realizado por la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra Lizarazo, en hechos registrados el 19 de agosto de 2011 en el norte de Bogotá.

En el marco del estudio de una demanda presentada por los familiares del joven de 16 años, el organismo internacional le pidió a la Cancillería que responda sobre las acciones que se han presentado en este caso, entre ellos el juzgamiento penal y disciplinario de los policías involucrados.

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Los familiares de Diego Felipe Becerra indican que en los procesos se han presentado un sinfín de irregularidades, reseñando que el autor material del crimen –el patrullero Wilmer Antonio Alarcón- pese a ser condenado a 38 años de prisión se encuentra actualmente prófugo de la justicia puesto que un día antes de emitirse el fallo en su contra fue dejado en libertad por un vencimiento de términos dentro de otro caso.

En otro de los puntos de la demanda se manifiesta que después de ocho años han sido muy pocos los avances en el proceso contra un grupo de policías y civiles por su presunta participación en la manipulación de la escena del crimen. Reseñan que los abogados han incurrido en innumerables maniobras dilatorias que llevaron a que las audiencias preparatorias se ampliaran por cuatro años, algo nunca antes visto en el sistema penal acusatorio colombiano.

A esto se le suman las amenazas, presiones e intimidaciones que han sufrido tanto los familiares de la víctima, como sus abogados y testigos. En este sentido aclaran que sus derechos procesales también han sido vulnerados puesto que se ha desconocido su calidad de víctimas.  

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En el oficio ‘Diego Felipe Becerra Lizarazo P-450-14’, el CIDH manifiesta que el Estado colombiano debe entregar todos los detalles sobre este caso, fijando un plazo máximo de tres meses, el cual vence el próximo 25 de diciembre.  

El alto tribunal indica que esta petición “no constituye un prejuzgamiento con relación a la decisión que la CIDH pueda adoptar sobre la admisibilidad de la petición. Asimismo, se informa que, con base en lo previsto en el reglamento de la Comisión, en cualquier etapa del examen de una petición, por iniciativa propia o por solicitud de las partes, la CIDH se pondrá a disposición de los peticionarios y el Estado, a fin de llegar a una solución amistosa fundada en el respeto de los derechos humanos establecidos en la Convención Americana, la Declaración Americana”.

Los familiares de Becerra Lizazo, quien murió después de recibir un disparo en la espalda por parte del patrullero Alarcón, sostienen que pese a que se trata de un menor de edad y que la misma Corte Constitucional ha reconocido este caso como un “falso positivo urbano” poco o nada han hecho las autoridades judiciales para lograr un esclarecimiento.

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La Fiscalía General abrió dos líneas de investigación en este caso. La primera tiene que ver con el asesinato del joven y la otra con los hechos dirigidos a desviar el caso con la ubicación de un arma de fuego en el lugar donde se presentaron los hechos para acusar a Diego Felipe de ser un atracador.

En este último caso se indicó que un grupo de policías, entre los que se encuentran dos oficiales, orquestaron un plan para conseguir una pistola en el mercado negro, “plantarla” de manera inescrupulosa y crear una campaña mediática para hacer señalar al joven de haber asaltado un bus de servicio público en la calle 116 con Avenida Boyacá y posteriormente amenazar al patrullero Alarcón.

Fuente

RCN Radio

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