Cierre del caso sobre Colombia en la CPI: ¿por qué investigaron a Colombia 17 años?

El examen preliminar sobre Colombia es el que más tiempo se llevaba abierto en la Corte Penal Internacional (CPI), desde el 2004, e involucra crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por el Ejército colombiano, la extinta guerrilla de las FARC y grupos paramilitares, entre 2002 y 2009.

El examen preliminar tenía el propósito de decidir si había fundamento contundente o no para abrir una investigación formal a Colombia por estos crímenes específicos y de competencia de la Corte, que son crímenes de guerra, de genocidio, de lesa humanidad y de agresión. 

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Sin embargo, aunque la CPI solo ejerce su competencia, según el Estatuto de Roma, cuando los Estados parte "no ejerzan su competencia o no estén en condiciones de hacerlo", el nuevo fiscal de la Corte, Karim Khan, ha considerado que "Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales". 

En 2012, la Fiscalía de la CPI presentó sus conclusiones relativas a crímenes presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas armadas colombianas, grupos paramilitares; las Farc-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). 

En ese documento se indicó que existía "fundamento razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el contexto de la situación" y que "al evaluar la complementariedad en la fase de examen preliminar, primero hay que preguntar si existen, o han existido, investigaciones nacionales pertinentes relacionadas con posibles casos de los que podría ocuparse la Fiscalía". 

Reconoció en ese momento que en Colombia sí se habían "abierto actuaciones judiciales contra 1) líderes de guerrillas, 2) líderes paramilitares, 3) agentes de policía y del ejército, y 4) políticos con presuntos vínculos con grupos armados" y que lo importante era que la Fiscalía de la CPI se asegurara "de que éstas han dado prioridad a los procedimientos emprendidos contra quienes parecen ser los máximos responsables de los crímenes más graves y de que dichos procedimientos son genuinos". 

Desde ese informe, la Fiscalía venía realizando visitas, reuniones, intercambios y discusiones con las autoridades colombianas, integrantes del poder judicial, así como con integrantes de la sociedad civil, de organizaciones internacionales y de la academia. 

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De hecho, la antigua fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, había indicado que en el caso de Colombia los siguientes pasos debían enfocarse en el marco legislativo nacional, es decir, la capacidad o disposición de las autoridades de llevar a una persona ante la justicia, los procesos judiciales nacionales, y el cumplimiento de las condenas o si las sanciones fueron efectivas.

Pero ahora, con el cierre de este examen preliminar, queda en manos del Estado colombiano, signatario del Estatuto de Roma, dar cuentas a la CPI de cómo administra "genuinamente justicia" en estos casos. 

Khan puntualizó que esto no quiere decir que la CPI no siga mirando a Colombia, sino el comienzo de una "nueva relación", con una "interacción continua".