Colegaje: El argumento de una jueza para prohibir ingreso de la prensa a una audiencia

Un hecho insólito se presentó mientras se desarrollaba con normalidad la audiencia de alegatos finales en contra del secretario de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Luis Alejandro Pérez Walteros por delitos contra la administración pública.

En la diligencia judicial, que se celebró el pasado martes 16 de julio en el complejo judicial de Paloquemao, la jueza 22 penal de conocimiento suspendió la intervención de la Fiscalía General al notar el ingreso de una periodista a la sala audiencias.

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En ese momento la jueza le pidió que se identificara. Tras conocer que trabajaba en un medio de comunicación le indicó que no podía estar en la audiencia puesto que esta iba a ser reservada ya que el procesado hacía parte de la Rama Judicial, debido a esto restringió el ingreso.

Abogados consultados por RCN Radio aseguraron que este argumento judicial va en contravía de la ley, puesto que no entra en las tres restricciones avaladas por la Constitución Política para realizar audiencias de manera reservada.

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Entre estas restricciones se encuentra que existan menores de edad, que la vida de unos de los procesados o testigos esté en riego o que se revelen datos que puedan afectar la seguridad nacional.

El proceso contra Pérez Walteros

En 2010, cuando ejercía como Oficial Mayor del juzgado 71 penal municipal de Bogotá, Pérez Walteros entró a trabajar simultáneamente a la oficina privada de abogados Lawyers Center Ltda. Situación que está restringida por la ley puesto que un empleado de la Rama Judicial no puede realizar actividades como un privado.

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En 2010, como consta en las pruebas recolectadas por la Fiscalía General, representó a una señora en un proceso que se adelantó en el juzgado 21 penal del circuito de Bogotá. Igualmente intervino en un proceso judicial como representante de víctimas.

“Además de hacer parte de una oficina de asesoría de abogados, siendo servidor público actuó como abogado litigante representando a una persona ilegalmente dentro de un proceso judicial (…)  Recalcar que como servidor judicial está inhabilitado para representar, litigar, gestionar y asesorar en asuntos judiciales”, precisa el escrito de acusación.

Debido a esto la Fiscalía General lo acusó por el asesoramiento ilegal. De ser hallado culpable podría pagar una condena entre los uno y tres años de prisión, así como una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por cinco años.

RCN Radio intentó contactarse con la funcionaria judicial, sin embargo, no obtuvo ningún tipo de respuesta.