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Concejales, Diputados y Políticos implicados caso Aida Merlano
Tomada de la audiencia

El Colegio de Abogados Penalistas solicitó de manera formal a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura anticipar, a partir del próximo lunes 27 de Abril, la vacancia judicial en todo el país, debido a la emergencia sanitaria derivada de la propagación de la COVID-19.

Francisco Bernate, presidente del colegio de abogados, señaló que con esta alternativa se busca anticipar el período correspondiente a este año, de manera que los despachos judiciales puedan laborar de manera continua entre 2020 y 2021.

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En la misma petición se indica que de no acceder a esta solicitud, mediante acto administrativo se amplíen las audiencias que puedan tramitarse de manera virtual, con excepción del juicio oral, atendiendo lo previsto en el Código de Procedimiento Penal.

Se permita la utilización de plataformas alternativas para la realización de las diligencias judiciales, pudiendo el juez, en desarrollo de sus facultades como director de la actuación, convenir con apoderados y partes cuál de las plataformas existentes se utilizará en las diferentes diligencias”, dijo el abogado Bernate.

Asimismo, plantea la necesidad de que se establezcan los mecanismos necesarios para que pueda garantizarse el derecho de toda la población privada de la libertad a tener una permanente comunicación con sus respectivos abogados para garantizar su derecho a una defensa justa.

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El abogado Bernate explicó que esta propuesta la hace extensiva a la Judicatura, ante la determinación del Gobierno Nacional, de prolongar el confinamiento obligatorio hasta el próximo 11 de mayo y que, con posterioridad a esta fecha, resulta poco probable el que puedan llevarse a cabo audiencias presenciales en los despachos judiciales del país.

El jurista argumentó que el problema es que las salas de audiencia, que son de alta concurrencia de público, representan una condición de alto riesgo de contagio, por lo cual tendrán que permanecer cerrados aún después de terminada esta fase, en aras de salvaguardar la vida y la integridad personal de funcionarios, abogados y público en general.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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