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Comisión Nacional de Disciplina Judicial
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El presidente de la Comisión de Disciplina Judicial, Julio Sampedro, dijo que la nueva corte de la Rama Judicial que reemplazó a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura recibirá cerca de 7.000 procesos disciplinarios contra fiscales, abogados y funcionarios de la Rama Judicial.

En entrevista con RCN Radio, el magistrado advirtió que ya recibieron los despachos judiciales que dejaron los denominados magistrados ‘eternos’ de la Judicatura, Pedro Alonso Sanabria y Julia Ema Garzón, quienes llevaban más de 10 años en el puesto.

El magistrado aseguró que ya iniciaron la primera Sala Plena, en la cual evaluaron las necesidades de la Comisión para plantear propuestas de remodelación al Consejo Superior de la Judicatura en su Sala Administrativa.

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“Estamos en proceso de elaboración de reglamento, de recibir los expedientes (…) necesitamos una reingeniería de los despachos de cada magistrado para poder operar mejor, como el fortalecimiento de las funciones de policía judicial, entre otras”, dijo el funcionario judicial. 

Los siete magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial se posesionaron en una reunión privada y sin transmisión al público ante el presidente Iván Duque en el Palacio de Nariño. 

Entre los siete magistrados resuena el nombre de Juan Carlos Granados Becerra, quien fue contralor de Bogotá y  actualmente es investigado por los sobornos de Odebrecht.

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Incluso, la Corte Suprema de Justicia lo llamó a audiencia de acusación el próximo tres de febrero; sin embargo, fuentes judiciales han explicado que esa audiencia podría aplazarse porque él ya cuenta con fuero constitucional y el órgano para investigarlo sería la Comisión de Acusación de la Cámara y el Congreso. 

Al hoy magistrado se le acusa de supuestamente intentar beneficiar a la multinacional cuando fue gobernador de Boyacá entre el 2012 y 2015 con la adjudicación de contratos en el departamento a cambio, supuestamente, de recibir millonarias sumas de dinero. 

Por esos cargos la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos en el 2018 ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencia de servidor publico.

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