Comunidad de Paz de San José de Apartadó tendrá que rectificar información contra el Ejército

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó tendrá que rectificar una información que emitió en el 2018 en contra la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional cuando los señaló de supuestamente “actuar en complicidad con organizaciones al margen de la ley”.

La Sala Plena de la Corte Constitucional dejó en firme un fallo de tutela que le ordenó a la comunidad a retractarse. La decisión se tomó con una votación 5 a 4, la Corte determinó que la causal de nulidad contra esa sentencia no era procedente. 

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La tutela fue presentada por el coronel Carlos Alberto Padilla, en su calidad de comandante de esa Brigada, quien señaló que no había fallos judiciales en contra de los soldados por vínculos con organizaciones al margen de la ley. 

Colombia Human Rights Committee en Washington le señaló a la Corte que de no anular la sentencia se limitaría el ejercicio de la libre expresión frente a violaciones de derechos humanos.

También advirtieron que se “dejaría al libre albedrío las actuaciones de miembros de las fuerzas armadas que sin vigilancia y con la protección de su derecho a la reputación, silenciaría el derecho que tiene la comunidad de expresarse en futuras violaciones de derechos humanos”.

Por su parte, la Red Internacional de Derechos Humanos (Ridh) con sede en Ginebra (Suiza) le dijo a la Corte que “solicitar a la Comunidad que se abstenga de publicar denuncias contra funcionarios públicos sin que los hechos hayan sido previamente probados en sede judicial, es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos”. 

Además, advirtieron que “priorizar el derecho al honor y reputación de funcionarios públicos por sobre su capacidad de denunciar públicamente las violaciones sufridas, resulta en revictimización de la comunidad campesina y en instrumento de silenciamiento”. 

En medio del estudio que hizo la Corte, también se recibieron escritos de la Escuela de Derecho de la Universidad Queen Mary, la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Universidad de Valencia y David Kaye, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.