Con tutela, abogados litigantes piden garantías laborales en la pandemia

La Corporación de Abogados Litigantes para la Defensa de la Independencia acudió a la tutela en busca de protección para los abogados litigantes del país, que se han visto perjudicados en su trabajo en medio de la pandemia de la COVID-19.

La tutela señala que las autoridades han tomado varias medidas para hacer frente a la pandemia de coronavirus, con el fin de proteger a los servidores judiciales y públicos, promoviendo el teletrabajo, pero dejando por fuera a los abogados litigantes.

“Lo grave de todo esto es que ninguna autoridad del país, y en especial, las del poder judicial, han tenido en cuenta la suerte de nuestros derechos fundamentales, que como personas con igual dignidad humana de un operador judicial o servidor público, tenemos los abogados litigantes del país”, señalan.

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indican además que en esas medidas no se tuvo en cuenta la protección de sus derechos entre ellos el poder trabajar.

“Se limitaron a hablar solo de servidores y usuarios, sin mencionar siquiera la protección de la salud de los abogados litigantes, como si nosotros fuésemos meros espectadores virtuales de esta tragedia mundial”, dice uno de los apartes de la tutela.

Corpolitigantes pide garantías laborales, protección del derecho al trabajo, el mínimo vital y el acceso a seguridad social.

También sostienen en la tutela que los abogados litigantes son trabajadores independientes y generadores de empleo, pero dada la pandemia, no están en las mismas condiciones que los empleados de planta.

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“Generamos los abogados litigantes del país más empleo que el propio Estado, porque no hay vacantes ni en el poder judicial ni en los entes de control, ni en los demás entes públicos”, sostienen.

Por eso, piden a través de tutela entrega de ayudas económicas o bonificaciones para poder subsistir mientras se supera la pandemia del coronavirus y se restablezca el servicio público de justica.

La tutela fue interpuesta ante el Consejo de Estado contra la presidencia de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, los ministerios de Justicia y Trabajo y el Congreso de la República.

El Consejo de Estado decidió aceptar para estudio de tutela. El reparto del caso le correspondió al magistrado Jaime Enrique Rodriguez Navas, magistrado de la Sección Tercera, quien ya notificó a las entidades de la tutela.