Con tutela Procuraduría pide a JEP abrir macrocaso sobre violencia sexual durante el conflicto

La Procuraduría radicó una tutela ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que solicita que se haga efectiva la priorización de la creación del macro caso que investigue la violencia sexual durante el conflicto armado. 

Este ha sido un punto de especial insistencia por parte del organismo, pues en repetidas ocasiones enviaron oficios al tribunal especial para que estudie la posibilidad de abrir ese enfoque de investigación, sin embargo, decidieron presentar el recurso judicial. 

En el escrito, la Procuraduría precisó que el ejercicio que ha desarrollado la Sala de Reconocimiento de Verdad en esta materia, no ha acercado a la JEP al cumplimiento de la investigación, juzgamiento y sanción enfocada en aspectos diferenciales que rigen al tribunal. 

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El procurador delegado ante la JEP, Jairo Acosta, aseguró tener especial preocupación porque han recibido solicitudes de las víctimas en las que expresan necesitar que se profundice en los hechos que se enfocaron que agredir a personas a razón de su género. 

"La preocupación poco a poco ha venido aumentando porque el tiempo se reduce y las víctimas de estos hechos no han tenido la oportunidad de una tutela judicial efectiva. Necesitamos que de inmediato la JEP abra este macrocaso, para que las víctimas se puedan acreditar, para que puedan interactuar, para que puedan tener acceso a la verdad y por supuesto, estructurar algunas garantías de reparación y no repetición", señaló Acosta.

En el documento recuerdan que la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) también ha insistido en este macrocaso, pues mencionan que de lo contrario, se aumentaría la percepción de que la justicia no criminaliza este tipo de agresiones. 

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“La impunidad de los delitos cometidos, envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su perpetuación y la aceptación social del fenómeno, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres", cita el oficio.

Para el organismo la larga espera en la apertura de este macrocaso constituye un grave perjuicio para las víctimas por cuanto no se garantiza el acceso oportuno a la justicia, ni el plazo razonable en el trámite de las investigaciones sobre graves infracciones a los derechos humanos.