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El Consejo de Estado compulsó copias a la Procuraduría para investigar responsabilidades disciplinarias

Cárcel, imagen de referencia.
Cárcel, imagen de referencia.
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El Consejo de Estado condenó a la Nación por la muerte de Gustavo Vargas Morelo, un interno de la cárcel de Bucaramanga quien falleció dentro del penal en 1993, pero su muerte sólo la conoció su familia 16 años después.

Morelo, quien cumplía una pena de 11 años por homicidio, fue asesinado por uno de sus compañeros de celda, pero a la fecha la familia no ha podido darle cristiana sepultura porque se desconoce donde se encuentran sus restos óseos.

El Inpec omitió la información sobre la muerte a la familia cuando se conoció de su fallecimiento. Incluso, se comprobó que el certificado de defunción fue solicitado por una mujer que no tenía que ver con la familia.

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“Era deber del Inpec informar el hecho a sus familiares y hacerles entrega del cadáver, razón por la que éste daño le resulta imputable a título de falla en el servicio”, dice la sentencia que condenó a la Nación.

El Consejo de Estado compulsó copias a la Procuraduría para que inicie investigaciones del caso y se determinen las responsabilidades disciplinarias.

“Llama la Sala que el Inpec, a pesar de que contaba con datos, que le permitían averiguar la ubicación (...) no demostró haber adelantado alguna actuación para notificarles de su deceso y hacerles entrega del cadáver”, dicen los hechos. 

Para el tribunal es claro que la Nación, en representación del Inpec y el Ministerio de Justicia, es responsable por la muerte del recluso, no solo porque se encontraba bajo la custodia del Estado sino por la falta de capacidad para informar oportunamente a la familia sobre los hechos.

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“Los internos se encuentran bajo su especial sujeción y cuidado. Razón por la que debe garantizar la seguridad de los mismos, mientras están sometidos a su cuidado y evitar la presencia de elementos que puedan ser utilizados para causar daños a los demás internos (...) Era su deber proteger a todos los internos de cualquier agresión que afectara su vida o su integridad”, señala la sentencia. 

Entre las órdenes que emitió el alto tribunal, llama la atención al Inpec para adelantar todas las medidas pertinentes a encontrar el cuerpo y entregarlo a la familia.

“Diseñe y divulgue en los centros de reclusión del país un documento de información y capacitación, con el propósito de que se instruya a todo el personal que desempeña su trabajo en las cárceles, a cerca del tratamiento que se debe suministrar a todos los internos que fallecen mientras cumplen su pena”, precisa la sentencia.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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