Pedro Antonio Gámez Díaz firmó un preacuerdo con la Fiscalía, por el que se comprometió a entregar toda la información sobre estos casos de ejecuciones extrajudiciales.

EJERCITO

El Juzgado Primero Penal Especializado de Cundinamarca condenó a 39 años de prisión a Pedro Antonio Gámez Díaz, señalado de ser el encargado de buscar a jóvenes de bajos recursos en el municipio de Soacha para ofrecerles ofertas laborales en diferentes regiones del país. 

Gámez Díaz se movía con tranquilidad por el municipio de Cundinamarca, contactaba a los menores de edad, les pedía información sobre sus vidas y familiares. Un día, los llamaba y les indicaba que si querían ganarse "unos pesitos" tenían que acompañarlo a una finca donde trabajarían unos días.

La tentadora oferta fue aceptada por cinco jóvenes. Sin embargo, todos ellos fueron trasladados al municipio de Ocaña (Norte de Santander), muy lejos del lugar que les habían mencionado la primera vez. Allí eran recibidos por integrantes del Ejército que los llevaban hasta un punto cercano donde fueron torturados y asesinados.

Pocos días después, estos jóvenes fueron presentados como guerrilleros e integrantes de las bandas delincuenciales abatidos en combate con tropas del Batallón de Infantería No 15 del Ejército Nacional. (Lea también: Diez años de los falsos positivos de Soacha)

Según los reportes oficiales, los cinco jóvenes aparecieron con ropa de camuflado, armamento en sus manos y con tiros de gracia. Para la Fiscalía General, Pedro Antonio Gámez Díaz fungió como reclutador del Ejército Nacional, por cada joven que les llevara le pagaban un millón de pesos. 

Los uniformados presentaban estos resultados operacionales para recibir beneficios como reconocimientos económicos, días libres, felicitaciones en sus hojas de vida y permisos para salir con sus familiares. (Lea también: )

Tras la firma de un precuerdo, Gámez fue sentenciado por la desaparición forzada y los homicidios de Julio Cesar Mesa vargas, Diego Armando Marín Giraldo, Daniel Alexánder Martínez, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez y Jaime Estiven Valencia Sanabria.

En el documento firmado con la Fiscalía, el procesado se comprometió a colaborar con las autoridades judiciales en las investigaciones que se adelantan por estos casos de ejecuciones extrajudiciales.  

Gámez se encuentra actualmente privado de su libertad en el Batallón del Ejército Cantón Militar de Nápoles, en Cali (Valle del Cauca). Las madres de las víctimas piden que cumpla la pena en una cárcel ordinaria puesto que para el momento de los hechos él no pertenecía a las Fuerzas Militares. 

 

 

Encuentre más contenidos

Fin del contenido