Condenan a 43 años de prisión a exagente del DAS por "falsos positivos" en Tolima

El juzgado primero especializado de Ibagué condenó a 43 años de prisión al exagente del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Giovanny Calderón Salazar por su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de dos campesinos que fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate en el municipio de Alvarado (Tolima).

En el fallo de 34 páginas, se señala que Calderón Salazar hizo parte de un plan para engañar a los dos jornaleros con una oferta de empleo. En la vía que conduce de las veredas Laguneta a La Tigresa, un grupo de militares detuvieron el vehículo en el que se movilizaban, los bajó y asesinó.

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Posteriormente reseñaron en un reporte oficial que se había presentado un enfrentamiento armado. En la acción dos guerrilleros habían sido abatidos. Sin embargo, los informes periciales permitieron evidenciar que se trataba de un combate simulado.

"Según lo ha podido determinar la Fiscalía, se concretan en una serie de acciones en las que se contactaban personas de escasos recursos, con antecedentes penales o situaciones similares para luego de hacerles un ofrecimiento lícito o ilícito, éstas personas se desplazaran a parajes desolados y luego ejecutadas por miembros de esta unidad antiextorsión", precisa uno de los apartes de la decisión.

En este punto se advierte que las evidencias materiales concluyeron que nunca existió un ataque o agresión por parte de los campesinos a los miembros de la Fuerza Pública. El exagente del organismo de seguridad hizo parte de un estructurado plan junto a integrantes del Ejército para demostrar resultados contra una supuesta banda de extorsionistas. 

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"Se evidencia que por parte del acusado Calderón Salazar, como miembro del DAS, bajo una aparente operación militar de entrega controlada de dinero producto de una extorsión, ocasionó la muerte de los señores Marco Antonio Quiroga y Álvaro Enrique Rodríguez Buitrago, a quienes se les llevó mediante engaños hasta el lugar donde se iba a efectuar la supuesta entrega, para, finalmente, hacerlos pasar como los extorsionistas a quienes se les dio de baja en el operativo montado, con motivo de la reacción violenta contra los miembros de la unidad que ejecutaban el operativo", precisa la decisión. 

Para el juzgado se pudo demostrar que "la presencia de los acusados en el lugar de los hechos", además de "haber efectuado disparos y haber alterado la escena, a tal punto que fue quien impartió allí la granada a una de las víctimas, permite inferir el dolo requerido, pues nada, por el contrario, se adujo de cara a establecer que el acusado se desligó a la acción criminal investigada, bien sea en el mismo acto o posterior a la comisión de los mismos".

En el fallo se ordena el pago de una multa de seis mil salarios mínimos legales vigentes, es decir unos cuatro mil novecientos millones de pesos.

Por estos hechos ya fueron condenados a 20 y 21 años de prisión, respectivamente, el teniente William Eduardo López Pico y el sargento Carlos Arturo Malte Pérez, quienes hacían parte de la Misión Táctica que adelantó la ejecución extrajudicial.

Sin embargo, los dos militares se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por lo que recibieron la libertad.