Condenan a cinco años de prisión a Roberto Prieto

El empresario Roberto Prieto Uribe fue condenado a cinco años de prisión. Esto después que el juez sexto de conocimiento de Bogotá avalara el preacuerdo firmado con la Fiscalía General en el que aceptó su responsabilidad en los delitos de contrato sin requisitos legales, celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado. 

Prieto, quien fungió como gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, enfrentó el proceso penal por haber intentado mover influencias en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para lograr una adición al contrato Ruta del Sol III, para la construcción del puente Plato (Magdalena).

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Según el ente investigador, el empresario era una persona reconocida por estar vinculado a campañas presidenciales, condición que utilizó para ejercer supuestas presiones en favor de Yuma Concesionaria. 

A cambio de ello habría recibido 650 millones de pesos, los cuales fueron cobrados por medio de una factura ficticia expedida por la empresa Megaland S.A.S.

Pese a que en un momento Prieto se declaró inocente de los hechos materia de investigación, su defensa adelantó una negociación con la Fiscalía General para lograr una reducción en la sentencia tras la aceptación de los cargos imputados.

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En el marco de la negociación, el empresario devolvió 877 millones de pesos en cuatro depósitos como parte de la reposición por los daños y afectaciones causadas a la Nación con su conducta.

"José Roberto Prieto Uribe reintegró la totalidad del monto apropiado con las conductas investigadas mediante cuatro títulos judiciales del Banco Agrario de Colombia divididos así: el 13 de noviembre de 2018 por un valor de $165 millones; el 23 de abril de 2019 se consignó la suma de 48 millones de pesos, el 24 de abril de 2019 consigna 225 millones de pesos y el 25 de abril de 2019 reintegra 438 millones de pesos para un total de 877 millones", precisó el juez. 

Sin embargo, no firmó ningún acuerdo de colaborar con las autoridades judiciales en las investigaciones que se adelantan por otros actos de corrupción en contratos de infraestructura y el escándalo de Odebrecht en Colombia.

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El empresario se encuentra privado de su libertad en la cárcel Modelo de Bogotá desde junio de 2018. En la negociación se acordó su traslado a una guarnición militar para cumplir lo que le queda de condena.