Condenan a expresidente de EPS por millonarios recobros irregulares medicamentos
Estos hechos generaron una defraudación para las secretarías de Salud de Huila y Boyacá por $1.290 millones.
Un juez penal de conocimiento avaló los argumentos y elementos de prueba presentados por la Fiscalía General de la Nación y condenó a 13 años y nueve meses de prisión a Armando Ariza Quintero, expresidente de una EPS en el departamento del Huila.
En la sentencia, el juez declaró responsable a Ariza Quintero por su autoría en los delitos de fraude procesal, estafa agravada, y estafa agravada en grado de tentativa.
Tras emitir la condena, el juzgado de conocimiento ordenó la captura inmediata para que cumpla la sentencia en una cárcel.
La Fiscalía General de la Nación demostró en el curso de la investigación que entre 2009 y 2014, Ariza Quintero estuvo vinculado a recobros ilegales de medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), por valor de 1.290 millones de pesos.
“Parte de esta defraudación, exactamente 996 millones de pesos, fue de la Secretaria de Salud de Huila; mientras que la Secretaría de Salud de Boyacá fue afectada en 294 millones de pesos”, indicó la Fiscalía.
De acuerdo con los investigadores, tras la intervención de las autoridades fue posible frustrar un desembolso adicional que se iba a realizar por 3.506 millones de pesos.
Los investigadores establecieron que la actividad ilícita consistió en la compra, suministro y manejo de un tratamiento farmacéutico para la hemofilia, que estaba incluido en el Plan Obligatorio de Salud.
No obstante, se determinó que se registró y facturó como no POS y ante esa situación se acudió a la figura de recobro para recibir dineros a los que no tenía derecho y ponerlos en manos de un tercero.
La Fiscalía delegada manifestó que por estos mismos hechos, el juez de conocimiento compulsó copias para investigar a otras personas, entre funcionarios, médicos y representantes de una distribuidora de medicamentos.
Esta determinación es de primera instancia y contra la misma proceden los recursos contemplados a la ley.
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