Condenan a la Nación por 'chuzadas' a defensores de Derechos Humanos
Los integrantes del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) fueron víctimas de seguimientos sistemáticos.
El Estado colombiano fue condenado por las 'chuzadas' que se ejecutaron desde el DAS en contra de los integrantes del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
En la determinación emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encontró que se adelantaron actividades de perfilamiento recolección de información privilegiada, y seguimientos para ejecutar una campaña de desprestigio.
Con su actuar, concluye la decisión, se vulneraron los derechos a la intimidad, seguridad personal, la inviolabilidad de documentos privados y correspondencia, así como el buen nombre del Cinep y todos sus integrantes.
Para emitir el fallo se tuvo en cuenta el hecho que durante la inspección de la Fiscalía General a las oficinas donde operaba el grupo G-3 se encontró una carpeta con el rótulo "CINEP". En la misma se encontraron los registros fotográficos de los seguimientos, ubicación de su residencia, movimientos diarios abonados telefónicos, identificación de sus contactos, familiares y amistades.
Para el Tribunal Administrativo en efecto los funcionarios del DAS sabían que estas eran actividades ilegales y pese a así las siguieron desarrollando. Prueba de ellas son las declaraciones de varios agentes del organismo de inteligencia.
En las mismas declaraciones se estableció el "plan criminal" que se estructuró desde las cabezas del DAS que dieron órdenes directas y dividieron las tareas para recolectar la información, utilizando para esto los equipos del organismo.
Estas labores estaban muy lejos del respeto y defensa de los principios fundamentales y el Estado Social del Derecho. Esto al concluir que se trató de un despliegue constitucional para lograr una actividad ilegal.
En la decisión se advierte que existió una operación de inteligencia comandada por los directivos del DAS contra defensores de derechos humanados, periodistas, magistrados de las altas cortes, ONG y políticos de oposición al Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
"La presente sentencia constituye una enseñanza para la sociedad y el Estado, y se convierte en un logro significativo en la protección de los derechos humanos; además configura un precedente sustancial en la protección de los derechos de las organizaciones sociales", indicó Gonzalo Guillén, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas.
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