Cargando contenido

Ahora en vivo

Seleccione la señal de su ciudad

FARC
Colprensa

La Sección Tercera del Consejo de Estado hizo un fuerte llamado de atención por la responsabilidad de la guerrilla de las Farc en el secuestro de Fabio Boterro y otros comerciantes de Calarcá (Quindío) en hechos registrados en noviembre e 2001.

El alto tribunal señaló que existe tanto una responsabilidad administrativa del Estado y del grupo guerrillero en estos hechos. Por lo que exhortó a las autoridades, entre ellas el Ejército, la Policía y el MInisterio de Defensa, para que los integrantes de las extintas Farc respondan por estos hechos.  

En el histórico fallo, se señala que el Ejército y la Policía tenían conocimiento sobre las acciones que iba a ejecutar la guerrilla en contra de estas personas y no tomaron cartas en el asunto. 

Advierte que el Estado debe responder por estas omisiones en la protección de los ciudadanos. Pero también las Farc deben recibir un tpo de sanción por ser los autores del secuestro masivo. 

El presidente del Consejo de Estado, Germán Bula indicó que se condenó a la Nación a pagar “más de 500 millones de pesos a una familia víctima de secuestro extorsivo, toma de rehenes y violación de los derechos de los niños atribuido a las Farc”, resaltó Germán Bula, presidente de la Corporación.

Los hechos sucedieron el 28 de noviembre de 2001, cuando el padre, la madre y la hija integrantes de una misma familia de Calarcá (Quindío) y su empleada doméstica fueron secuestrados por presuntos integrantes de las Farc. Pese a que las dos mujeres fueron liberadas al día siguiente, el padre y su hija de 12 años continuaron secuestrados durante siete meses.

“El Estado no atendió las obligaciones de garantía, prevención y protección de los civiles, pese a tener conocimiento de la grave situación de riesgo de la familia”, dijo el magistrado.

Incluso hizo un fuerte llamado de atención al Gobierno y al Congreso con el fin de buscar mecanismos jurídicos que permitan la reparación efectiva de las víctimas del conflicto armado.

“Atender la obligación de establecer mecanismos jurídicos a través de los cuales la exguerrilla, cumpla los compromisos de verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario”, puntualizó el magistrado

El Consejo de Estado advirtió que en el Acuerdo Final de paz suscrito con esa guerrilla, las partes reconocieron su plena responsabilidad frente a las víctimas del conflicto, “tomar en cuenta que las violaciones perpetradas por las Farc obedecieron a planes fijados por los mandos medios y altos”.

Encuentre más contenidos

Fin del contenido.