Congresista Aida Merlano se entregará a la justicia, asegura su abogado

La congresista Aída Merlano prepara su entrega ante agentes de la Policía Judicial, tras la orden de captura que emitió en su contra la Corte Suprema de Justicia por compra de votos y constreñimiento al elector.

Así lo indicó Jesús Albeiro Yepes, abogado de la actual representante a la Cámara y senadora electa, a quien le allanaron su sede de campaña durante las elecciones legislativas del 11 de marzo.

Yepes dijo que Merlano no tiene intención de evadir la justicia y que se entregará ante las autoridades para dar las explicaciones del caso ante la Corte Suprema.

Aseguró que su cliente recibió con tristeza la orden de captura proferida en su contra para que responda en indagatoria por supuestamente valerse de una sofisticada red de corrupción para comprar votos en las elecciones al Congreso.

“Aída Merlano desde un principio le manifestó a la Corte su disposición de comparecer, porque siempre ha estado atenta a asistir ante la Sala Penal y esa decisión no ha cambiado. Lo que ella hará es responder a ese llamado mediante orden de captura, lo más pronto posible”, dijo Yepes.

Sostuvo que la congresista no ha salido del país y, por el contrario, después de desatado este escándalo de corrupción siempre ha permanecido en Colombia.

No existió compra de votos

En relación con el proceso que le sigue la Corte Suprema de Justicia, la defensa de Merlano indicó que su cliente ha sido enfática en negar que haya comprado los votos de sus electores.

“Ella ha sido clara en que no ha comprado votos; vamos a ver qué es lo que dicen las evidencias. Como defensor lo que yo he podido conocer es que es un campaña como muchas otras, que tiene una logística y que esa logística demanda unos gatos”, dijo Yepes.

Negó que la campaña de la congresista haya destinado recursos por un monto superior a los seis mil millones de pesos para lograr los votos de diferentes ciudadanos.

El jurista también indicó a RCN Radio que “no existen tales seis mil millones de pesos, este abogado no conoce de gastos de seis mil millones de pesos”.

Según la investigación de la Fiscalía, su campaña pagaba 40 mil pesos por voto. Para garantizar su elección montó un complejo sistema en la "Casa Blanca", sede principal de su campaña en la ciudad de Barranquilla.

La Corte Suprema la investiga por los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios y partes o municiones. Además, por ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas.

La representante a la Cámara, conforme a la noticia criminal y los diferentes elementos materiales de prueba recaudados, incurrió en la práctica de comportamientos que atentan contra la libre participación de los colombianos en las justas electorales.

Esta posible afectación a la libertad de elegir obligó a la Corte Suprema de Justicia a tomar medidas para evitar el riesgo de que esas conductas se repitan.

Además, prevenir que se afecte el sistema democrático y la libre facultad de elegir y ser elegido.