Consejo de Estado califica como "represalia" cancelación de visa a tres magistrados

El Consejo de Estado envió un mensaje de solidaridad a la Corte Constitucional luego de conocerse la información sobre la cancelación de la visa estadounidense a sus magistrados Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, además del magistrado de la Corte Suprema, Eider Palacio.

En el mensaje, el alto tribunal hace un llamado al respeto por la autonomía judicial y las decisiones que toman los magistrados de la rama judicial. 

“El Consejo de Estado respeta profundamente la autonomía de los estados y de sus representaciones diplomáticas en nuestro país; sin embargo, considera que no debe utilizarse absolutamente ningún elemento, decisión, o actuación como mecanismo de presión o represalia frente a las decisiones judiciales, por cuanto esto afecta la autonomía especial en la actividad judicial, bajo esa premisa somos solidarios con la autonomía e independencia de la Corte Constitucional”, señala el mensaje. 

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En la mañana del viernes se conoció que el Gobierno de EE.UU. les había quitado la visa a los magistrados de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo, además del magistrado de la Corte Suprema, Eyder Patiño.

Se informó que, ante esta situación, los magistrados Lizarazo y Fajardo se reunieron en Casa de Nariño con el presidente Iván Duque, encuentro al que los acompañó la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz.

Los magistrados le informaron al Jefe del Estado lo ocurrido. Trascendió que Duque se comunicó con Kevin Whitaker, saliente embajador de Estados Unidos en Bogotá, para interceder en este asunto.

Se conoció que en dicho encuentro, los magistrados manifestaron su malestar por la falta de garantías que está afrontando la justicia y pidieron al presidente Duque mover los canales diplomáticos y políticos para solucionar esa delicada situación.

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Según los juristas, estas medidas que consideraron como arbitrarias, se están aplicando a quienes están vinculados directamente a los temas de paz. Uno de estos ejemplos es el de la magistrada Diana Fajardo, quien es pieza clave en los debates que tienen que ver con los acuerdos de implementación del proceso de paz.

También se ha advertido que podría tener relación con las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuya definición quedó en manos de la Corte Constitucional.

Justamente, la sala plena de la Corte Constitucional decidió esta semana que las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) deberán ser estudiadas por el magistrado Antonio José Lizarazo, quien fue el ponente de la sentencia del año pasado que le dio vía libre a esa norma que reglamenta justicia transicional.

RCN Radio habló con el exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Iván Palacio, quien calificó el hecho como una intromisión internacional en el país. 

“De ser eso cierto es una intromisión de un gobierno extranjero es una de las ramas del poder público, como lo es la Rama Judicial. Toda la solidaridad con la Corte Suprema y con la Corte Constitucional”, precisó.

Dijo que sería una intromisión descarada contra dos altas corporaciones judiciales y señaló que, de ser cierta la cancelación de las visas, el Ejecutivo debe emitir un comunicado en apoyo a sus jueces y a la independencia judicial. 

“De ser cierta la situación, en cabeza del presidente y el ministro de Relaciones Exteriores deben sacar un comunicado en apoyo a la independencia de la rama que cada corporación está cumpliendo con la constitución y la ley es colombianas. Porque debe darse una colaboración armónica en el país”.