Consejo de Estado deberá decidir sobre restitución de tierras

La Comisión Colombiana de Juristas demandó ante el Consejo de Estado el decreto 1167 de 2018, expedido por el entonces presidente Juan Manuel Santos, que fijó el 12 de octubre de 2018 como fecha límite para que las victimas despojo y/o abandono forzado de tierras presentaran sus solicitudes ante la Unidad de Restitución.

En la acción judicial se argumenta que el decreto es inconstitucional porque viola la ley de victimas que da plazo hasta el 2021 para aplicar la Ley de Restitución de Tierras. 

Consideran que tres meses es un tiempo muy corto para que las personas que no hayan hecho el proceso puedan presentar sus solicitudes, situación que se agrava si se tiene en cuenta que los reclamantes son en su mayoría campesinos sin asesoría jurídica.

“Las víctimas que  han sido despojadas son en su mayoría campesinos, población afrodescendiente, indígenas, población vulnerable que no tiene acceso a información, algunos son analfabetas o no hablan español como en el caso de comunidades indígenas y carecen de asesoría legal y no pueden acceder a las grandes ciudades y esto agrava la situación de acceso a la justicia”, dijo Jenifer Mujica subdirectora comisión colombiana de juristas.

La Comisión detalló que actualmente 40 mil solicitudes de reclamantes de tierras han sido rechazadas. Es decir el 63 por ciento de las solicitudes presentadas por no cumplir con los requisitos estipulados. 

Por su parte la Unidad de Restitución de Tierras asegura que se ha logrado el 99 por ciento de las solicitudes. 

“Hay territorios donde no nos llegan más solicitudes y en el 2018 hemos recibido sólo el 3 por ciento del total de solicitudes que han llegado a lo largo de la vigencia de la política”, explicó Dany Usma, funcionario de la Unidad de restitución de Tierras.

Agregó que las solicitudes rechazadas obedecen a los filtros para definir quienes tienen derecho sobre las tierras. 

“No todo el que reclama finalmente tiene derecho a la restitución de tierras, las condiciones jurídicas, su relación jurídica con el presionar o las fechas del hecho victimizante, hacen parte de las evaluaciones para determinar si las condiciones se cumplen”, dijo Usma.

Sin embargo, la Comisión denuncia que en algunos casos sobre un mismo predio se les reconoce los derechos a miembros de un mismo núcleo y a otros no, pese a tener las mismas características y cumplir con los requisitos.