Consejo de Estado definirá la demanda contra la congresista que ocupó la "silla vacía" de Aida Merlano
En medio de una gran polémica, Soledad Tamayo ocupó la silla de la condenada senadora.
La Sección Quinta del Consejo de Estado definirá la demanda que pide la nulidad de la elección de la congresista Soledad Tamayo del Partido Conservador.
La demanda decía que Tamayo no podía ocupar la curul que dejó la exsenadora condenada Aida Merlano para el periodo 2018-2022 porque no se había presentado “vacancia definitiva” en el puesto.
Esa posesión se presentó “de manera desviada e irregular” según indica la demanda, cuestionando el hecho que fuera firmada por el entonces presidente del Senado, Ernesto Macias.
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La demanda fue interpuesta en el 2019, casi un año antes de que el Congreso, con Arturo Char de presidente del Senado, decidiera cancelar la credencial de la congresista Tamayo o aplicar la silla vacía por orden de la Corte Suprema de Justicia.
Esa orden se emitió porque Tamayo perdió una tutela con la cual buscaba quedarse ocupando la curul. La Corte dijo que el puesto que ocupaba Merlano es “un cargo constitucionalmente irremplazable”.
La Corte explicó que cuando se trata de un congresista capturado y condenado por hechos de corrupción la sanción se debe aplicar al partido político, porque no se podría beneficiar de unos votos que se obtuvieron ilegalmente y con corrupción.
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“Al cual pertenece la condenada y es absolutamente independiente de las causas que dan lugar a suplir las vacancias absolutas de los congresistas, entre ellas la que se genera por la pérdida de investidura por no tomar posesión del cargo”, dijo la Corte en julio del año pasado cuando respondió negativamente una petición de Tamayo.
Es decir, Tamayo ya salió del Congreso, pero no por eso el Consejo de Estado ha dejado de estudiar el recurso en su contra. Debe emitir fallo y, según fuentes de la corporación, esa sentencia podría sentar un precedente.
Aida Merlano quien fue capturada en Venezuela, no pudo posesioanrse en su cargo por una orden de captura en su contra expedida por la Corte Suprema por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al sufragante, fabricación y porte ilegal de armas y posesión ilícita de cedulas.
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