Consejo de Estado definirá suerte política de Antanas Mockus el próximo año
Conjueces tomarán la decisión sobre una tutela que devolvió a Mockus al Congreso.
El Consejo de Estado dejó para el próximo año la decisión que podría definir la suerte política del congresista Antanas Mockus, quien volvió al Congreso por una tutela contra el fallo que anuló su elección por el tema de corpovisionarios.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo tiene pendiente tomar una decisión en segunda instancia sobre esa tutela que fue fallada a favor de Mockus y que dejó sin efectos el fallo de la sección quinta que había anulado su elección.
La discusión en la Sala será uno de los primeros temas del orden del día del 2020 y en ella participarán seis conjueces.
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“Se han dedicado varias sesiones a la discusión de todos los temas jurídicos que comporta este proceso. En la última sesión de la Sala Plena se votó y no se logró la mayoría de votos para tomar decisión, lo que condujo a que la sala dispusiera inmediatamente que se sortearan conjueces para reconstituir la sala y poder tomar una decisión”, dijo la presidente de la corporación, Lucy Jeannette Bermúdez.
La magistrada señaló que los conjueces ya están estudiando la ponencia y una vez el Consejo de Estado se reintegre a sus labores “se citará a sala para tomar la determinación correspondiente”.
En octubre el Consejo de Estado estudió la demanda contra la investidura del congresista, fallando a su favor al considerar que no había violado ninguno de los requisitos de la ley para lanzarse al Congreso de la República.
Esa decisión se tomó con 12 votos a favor de Mockus y concluyó que no incurrió en ninguna de las conductas que podrían inhabilitarlo para el cargo, “no gestionó negocios ante entidades públicas, ni celebró contratos con ellas en interés propio o de terceros, en los seis meses anteriores a su elección”, dijo el Consejo de Estado en su decisión.
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La demanda señalaba que el exalcalde de Bogotá había incurrido en una inhabilidad porque supuestamente celebró un contrato con una entidad estatal durante los seis meses previos a la inscripción de su candidatura a las elecciones.
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