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El debate de reanuda con un análisis sobre esa técnica, hecho por la Universidad Nacional.

Los ambientalistas aseguran que habrá grave afectación ambiental con el fracking.
Foto: RCN Radio.

El Consejo de Estado reactivó el proceso por la demanda que pide eliminar la posibilidad de exploración y explotación de petróleo y gas en el país, a través de yacimientos no convencionales o fracking.

El magistrado ponente Ramiro Pazos de la sección tercera de ese tribunal, fijó para el próximo 20 de agosto continuar con las audiencias públicas del tema, después de que fueran aplazadas dos veces por la pandemia del coronavirus.

Según el expediente, ese día se realizará la audiencia de dictamen pericial, teniendo en cuenta como prueba un informe entregado en marzo por la Universidad Nacional sobre la viabilidad de esa técnica.

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De acuerdo con el análisis de la universidad, no se recomienda la exploración y explotación de petróleo a través del fracking, debido a que las normas “no cumplen con las exigencias técnicas para considerar manejables los riesgos derivados”, tanto geológicos y de ingeniería, como al medio ambiente y la salud de la población aledaña.

Lo anterior quiere decir que no hay certeza de que la compañía que se encargue del uso de esa técnica, “identifique todos los riesgos, ni hay garantía de que formule planes de manejo adecuados”.

El informe de la Universidad Nacional también cuestiona que las resoluciones expedidas por el Gobierno, no contaron con los conceptos de otras dependencias como los Ministerio de Salud, Ambiente y Agricultura.

Mientras se espera que este año el despacho del magistrado tome alguna decisión de fondo sobre el uso de la técnica del fracking, el despacho del magistrado Nicolás Yepes, estudia un desacato al Gobierno y la petición de nulidad del decreto 328 que fija los lineamientos para adelantar proyectos piloto de fracking.

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Los demandantes dicen que se está violando el derecho a la participación de las comunidades indígenas y tribales, frente a la expedición de los lineamientos para adelantar los proyectos, además de violar el principio de precaución frente a la prevención de daños ambientales y el derecho de las personas a gozar de un medio ambiente sano.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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